El fiscal estima en 4.700 millones el fraude presuntamente cometido por la red de Escudero

Las operaciones de un conjunto de sociedades sin actividad real, presuntamente manejadas por Miguel Escudero Arias-Dávila, sirvieron para defraudar a Hacienda una cantidad estimada en 1.200 millones de pesetas por el IVA y otros 3.500 millones por el impuesto de sociedades, según la calificación provisional realizada por el ministerio público, que figura en las diligencias de la Audiencia Nacional. Pendiente aún la extradición de Escudero, que el Reino Unido debe decidir este mes, el juez de delitos monetarios ha puesto en libertad a Salvador Marín, hombre de confianza de aquél.

Madrileño, de 42 años, con un intenso nivel de relaciones en el mundo empresarial y financiero, Miguel Escudero tiene la clave de dos actuaciones diferentes, ambas desarrolladas en paralelo. Por un lado, la actividad real llevada a cabo desde las empresas Sodeco y Uribitarte, entre ellas la promoción de un centro comercial y de oficinas en Bilbao, que ha dado en quiebra, dejando un pasivo de 14.300 millones de pesetas.Y por otro, el supuesto manejo de una red subterránea de dinero negro. Las empresas destinadas a ello lo hacían como un servicio a compañías necesitadas de incrementar artificialmente su contabilidad de gastos, con lo cual pagaban menos por el impuesto de sociedades; así como de ingresar menos dinero en Hacienda por el IVA cobrado en las ventas reales, al repercutir el IVA de las facturas presuntamente falsas. Otros servicios consistían en ocultar plusvalías inmobiliarias a través de empresas intermediarias.

Esta misma organización de empresas ficticias estaba detrás de las compraventas de terrenos a Equidesa, filial de Renfe, en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, siempre según los testimonios de los implicados, que figuran en el sumario abierto por la Audiencia Nacional. Las entidades Consorcio Eléctrico Madrileño (CEMSA), Villargo SA, MAOPSA y Toher SA pertenecían a la misma red. Su administrador, Salvador Marín, reconoce haber presenciado cada una de las firmas de documentos realizadas por dichas entidades en relación con las fincas que terminaron en poder de Renfe. Tres copias de facturas de servicios supuestamente prestados a Renfe han sido encontradas por la Policía en el archivo de José Antonio Cardós, otro de los implicados.

Existe una coincidencia en el tiempo entre la marcha de Miguel Escudero a Londres y el periodo de chantajes entre quienes habían sido sus colaboradores, así como de las extorsiones aparentemente recibidas por el mismo Escudero. El 14 de septiembre pasado, este empresario entregó el control de Uribitarte SA a un conjunto de acreedores, abandonó España y se instaló en su mansión londinense de Pelham Place (donde fue detenido a principios de diciembre). Para entonces ya se había producido la crisis entre los ejecutivos de la red, Carlos de Juan Villa y José Antonio Cardós, amenazados a su vez por otros miembros de la organización.

Cómo se monta la trama

Carlos de Juan Villa ha reconocido ante el juez su dedicación al negocio de las facturas falsas y a las operaciones de intermediación inmobiliaria, durante más de dos años, aunque señala a Miguel Escudero, Salvador Marín y Germán Borrega como las personas que se lo propusieron. (Este último ha negado ante el juez toda participación en hechos delictivos).

Al "crecer enormemente" el volumen de operaciones en que intervenían, según expresión de Carlos de Juan Villa, éste tuvo que montar una "infraestructura". Para ello incorporó a José Antonio Cardós. De ellos dependían a su vez otros supuestos empresarios -a título de propietarios, apoderados o administradores de entidades creadas legalmente, aunque sin actividad real-, cuya función consistía en aportar sociedades con las que camuflar un mayor número de operaciones.

José Antonio Cardós, por su parte, dice que se asoció en 1989 con Carlos de Juan Villa y describe a éste como "el coordinador" de las empresas dedicadas al fraude y la persona que le pagaba por sus servicios. Villa cobraba, a su vez, de Escudero.

Otros colaboradores de la organización han confirmado al juez las características ya apuntadas por los presuntos delincuentes que declararon con anterioridad. Éste es el caso de Fernando Sánchez Arlandi, presidente de Malagueña de Obras y Proyectos (MAOPSA), quien aseguró que la mayoría de las empresas -por lo menos el grupo manejado por Cardós- nunca habían hecho servicios para nadie, salvo poner la firma en escrituras de compraventa de fincas a Renfe. José Antonio Cardós, por su parte, reconoció que su empresa, Villargo SA, nunca había hecho las obras por las que emitió facturas.