La constancia en los desafueros

LA LEY que amplía el privilegio de declarar por escrito ante el juez a parlamentarios y altas jerarquías -eclesiásticas, civiles y militares- añade a su impresentable contenido el estigma de su dudoso origen legal. Es difícil encontrar argumentos válidos para dar por buena una votación parlamentaria en la que un diputado presente en el hemiciclo suplantó a otro ausente en el ejercicio del voto, y en la que otros dos, cuyo voto había sido negativo, vieron con sorpresa cómo el registro electrónico reflejaba que habían votado a favor.Hay constancia de que tales prácticas y prodigios electrónicos no son una excepción en la Cámara baja. Y si en cualquier supuesto es bochornoso que se toleren tales anomalías, más lo es cuando éstas se producen en los casos de leyes polémicas y en las que, como ha ocurrido con la que comentamos, la mayoría absoluta requerida para su aprobación fue superada por un solo voto. Al pasar por alto tamañas irregularidades y negarse a repetir la votación, el presidente del Congreso, Félix Pons, no ha hecho sino añadir nuevas sospechas a las ya existentes sobre los verdaderos motivos de esta ley y la inusitada rapidez con que se está tramitando.

Sería deseable, aunque no es probable que ello suceda, que el Senado se opusiera firmemente al desatino de una reforma que desborda por los cuatro costados el marco de la legalidad constitucional y que vulnera los principios procesales básicos de oralidad, inmediación y contradicción. Enfrentarse a un caso tan flagrante de gremialismo y de corporativismo político devolvería la dignidad al Parlamento, reforzaría la confianza de la sociedad en las instituciones y ahorraría al Tribunal Constitucional el trance de tener que enmendar, una vez más, y en esta ocasión a instancias del Partido Popular, semejantes desafueros, sólo explicables desde la oscuridad mental de quienes los maquinan.