El Partido Aragonés amenaza con no convocar las elecciones en su región para el 26 de mayo

José María Mur, diputado del Partido Aragonés, formación política que gobierna en Aragón, declaró ayer en el Congreso que "no tendría sentido" que el presidente de esa comunidad, Hipólito Gómez de las Roces, firmase el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas para el 26 de mayo, puesto que consideran inconstitucional esa fecha y también el hecho de que las Cortes Generales la impongan por ley. El Congreso aprobó ayer la proposición de reforma de la Ley Electoral que regula ese punto y que es apoyada por los principales grupos parlamentarios.

Mur dijo textualmente, tras una pregunta de este periódico sobre la firma del decreto de convocatoria: "Creo que lo que sería absurdo es que el presidente de Aragón hiciera un decreto copiando lo que aquí [en el Congreso] se ha dicho. La competencia de convocar las elecciones le ha sido arrebatada con esta ley; y es innecesario que se preste a esa labor de comparsa en algo que para nosotros no tendría sentido".La fecha que supone de hecho una anticipación de los comicios -lo que no esta previsto en los; estatutos de las regiones afectadas-, ha sido cuestionada por técnicos de la Administración, letrados de Gobiernos regionales, juristas expertos en legislación autonómica y algunos partidos regionalistas.

El problema de constitucionalidad se deriva, entre otras cuestiones, de que, con arreglo a la legislación de las 13 comunidades afectadas, el mandato de cada diputado debe durar cuatro años y los comicios no pueden ser anticipados. Esa duración de cuatro años y la prohibición de que se disuelvan con anticipación los Parlamentos se mantendrán también ahora, sin que les afecten las reformas previstas. Pero la convocatoria para mayo supone de hecho un recorte de ese periodo, con lo que se puede entender que vulnera los derechos de los diputados y que, además, se altera un mandato popular. Si las elecciones se celebran a finales de mayo, los Parlamentos deberán quedar disueltos a finales de abril, lo que acorta más el mandato.

Bastara con que un solo diputado autonómico presente recurso de amparo para que ello ponga en riesgo la validez de las elecciones en su comunidad. La amenaza ha partido de dos formaciones: Unión Valenciana y Partido Aragonés. Este último tiene además la posibilidad de presentar el recurso frente a la ley como Gobierno de una comunidad autónoma.

En realidad, lo que buscan con estas posiciones no es simplemente que se respete el mandato, sino forzar una reforma estatutaria que amplíe las competencias y dé a los presidentes autonómicos capacidad de disolución anticipada, como los de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía.

PSOE, PP, CDS, CiU y PNV se niegan a esta posibilidad para que no se diseminen por el calendario los procesos electorales; pero tampoco aceptan variar la fecha anticipada del 26 de mayo, con el argumento oficial de que las votaciones no se deben celebrar en julio (fecha que correspondería conforme a los plazos que marcaba la Ley Electoral todavía en vigor, que ahora se reforma), un mes en el que muchos españoles están de vacaciones.

Algunos técnicos de la Administración, según informaron ayer fuentes socialistas, propusieron que la fecha se situase a finales de junio, con lo que se obviarían el adelanto y el verano. Pero recibieron como respuesta que ello implicaría que los ayuntamientos y Gobiernos se constituyeran en agosto, con los problemas que ello acarrea- y de que los españoles deberán hacer en junio la declaración de la renta, lo que provoca muchos votos de castigo a quien está en el poder.

El Congreso de los Diputados rechazó ayer las enmiendas presentadas al respecto por el Partido Aragonés y Unión Valenciana. La votación fue abrumadora: 244 votos en contra, 4 a favor y 5 abstenciones (Izquierda Unida). El portavoz de este último grupo pronosticó un "varapalo jurídico" a la ley, y tanto él como los dos enmendantes compararon la postura mayoritaria con la mantenida antes del fracaso de la LOAPA (la ley armonizadora del proceso autonómico).