Nueva norma de orden público

En la exposición de motivos del anteproyecto de ley orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, remitido por el ministro del Interior, José Luis Corcuera, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 5 de diciembre para el informe preceptivo -aunque no vinculante-, se recuerda que la nueva ley deroga formalmente la ley de Orden Público de 1959, "tan emblemática del régimen político anterior". Seguidamente, se apunta hacia el objetivo de la futura ley cuando se señala que, una vez derogada aquella ley franquista, "resulta trascendental, por tanto, el contenido de la presente ley".El informe del CGPJ, solicitado "con carácter de urgencia", se refiere a los preceptos más polémicos del anteproyecto, "sin perjuicio de los que pudiera estimar ese órgano constitucional que son de su competencias informar". Varios vocales del CGPJ han mostrado su alarma ante este texto, sobre el que el pleno del Consejo debatirá el próximo jueves, día 20, si bien es probable que el informe se retrase hasta el 27. El vocal Juan Alberto Belloch calificó el anteproyecto de "muy malo".

Otras fuentes jurídicas consultadas por este periódico han puesto de manifiesto que el anteproyecto de ley amplía el ámbito de autonomía policial, legaliza las llamadas retenciones y demás prácticas policiales irregulares y limita la función judicial de protección de los derechos fundamentales. Según tales fuentes, el texto muestra una gran desconfianza hacia los jueces y magistrados y traslada a la autoridad gubernativa la interpretación que venían haciendo los órganos judiciales sobre cuando se producen circunstancias suficientes para limitar el ejercicio de derechos fundamentales.

Interior invoca el binomio libertad / seguridad y estima necesario dotar a las autoridades gubernativas de competencias sobre el ejercicio de derechos fundamentales, por lo que propone una ley orgánica.