Infraestructuras, empleo, gastos sociales y acontecimientos del 92, prioridades en el presupuesto del próximo año

El Consejo de Ministros dejó ayer prácticamente ultimados los Presupuestos Generales del Estado para 1991 y el cuadro macroeconómico. La aprobación formal no se producirá, sin embargo, hasta el próximo viernes, fecha límite para su envío a las Cortes. La enorme cantidad de documentación que acompaña a los Presupuestos hace que se necesite al menos una semana para que todo el material esté impreso.La ministra Portavoz, Rosa Conde, eludió ayer en la conferencia de prensa tras el Consejo precisar las grandes cifras del Presupuesto. Únicamente señaló que las prioridades para el próximo ejercicio son los gastos en infraestructuras, el mantenimiento del empleo, la mejora de los servicios sociales y los acontecimientos de 1992 (Exposición Universal de Sevilla y Juegos Olímpicos de Barcelona).

Los departamentos ministeriales cuyo gasto crece por encima del Presupuesto global son Educación, Sanidad, Justicia, Trabajo y Seguridad Social y Cultura, según la ministra. Respecto a los ingresos, Rosa Conde tampoco presentó cifras y señaló que la subida de cinco pesetas en el impuesto especial sobre gasolinas y gasóleos es "una hipóstesis de trabajo todavía en estudio".

La ministra Portavoz anunció además que la segunda fase de la concertación social se iniciará cuando se aprueben los Presupuestos.

El Gobierno aprobó ayer, por otra parte, un real decreto por el que se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaría. De esta forma, los contribuyentes que se hayan equivocado en su contra a la hora de hacer su declaración de impuestos y hayan pagado de más, tendrán cinco años para reclamar desde el momento en que presentó la declaración. Este mismo plazo es el que opera para la prescripción de las deudas tributarias.

Hasta ahora, el plazo para reclamar era el comprendido entre los seis meses y un año contados desde la presentación de la declaración. A partir de ahora y una vez que el contribuyente ejerza su derecho a reclamar, la Administración tiene tres meses para pronunciarse. En caso de que no lo haga se entenderá que se produce un silencio negativo, es decir, que se deniega la solicitud y por tanto, el contribuyente puede reclamar ante el Tribunal Económico Administrativo.

El Gobierno aprobó también un expediente por el que se autoriza una inversión de 39.884 millones de pesetas para la adquisición del 25% del capital de Cepsa por el grupo francés ELF Aquitaine. Con ello, el capital extranjero de la empresa ascenderá a un 30%. Se aprobó además una inversión del Banco Comercial Transatlántico, filial del Deutsche Bank, en ENA Telecomunicaciones por 1.950 millones.