El PP denuncia que la ley de beneficios fiscales para Madrid 92 restringe la inversión privada

El portavoz del Partido Popular (PP) en la Asamblea regional, Alberto Ruiz Gallardón, afirmó ayer que el proyecto de ley de beneficios fiscales para la capitafldad cultural de Madrid en 1992 elaborado por el Gobierno desincentiva las inversiones privadas. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, José María Álvarez del Manzano, que acompañaba a Ruiz Gallardón en la conferencia de prensa, denunció a su vez la discriminación que representa esta normativa para Madrid respecto a las exenciones ya aprobadas para los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.El PP critica que algunos beneficios concedidos a las celebraciones de ambas ciudades no serán de aplicación en la capitalidad cultural europea. Así, las deducciones del impuesto de sociedades por rehabilitación de edificios o la exención del IVA para actividades culturales, deportivas y artísticas no están previstas en el proyecto de ley.

La limitación del ámbito territorial de la ley del Gobierno al término municipal de Madrid y la falta de carácter retroactivo de los beneficios fiscales coartarán, a juicio del PP, la participación en la capitalidad cultural de la iniciativa privada, que deberá esperar la promulgación efectiva de la norma. Los populares resaltan que tampoco se concede a Madrid 92 la posibilidad de emitir deuda pública.

Ruiz Gallardón, que calificó de "insuficiente, cicatero y discriminatorio" el proyecto de ley del Ejecutivo, anunció que el PP presentará enmiendas en su tramitación parlamentaria para equiparar los incentivos de la capitafldad cultural a los ya reconocidos a otras celebraciones. El Grupo Popular de la Asamblea de Madrid presentó en marzo de 1989 una propuesta de ley de beneficios fiscales que se aprobó por unanimidad. Esta iniciativa fue trasladada entonces al Congreso, donde el PP pretende ahora que se debata conjuntamente con el proyecto del Gobierno.

El recorte de beneficios fiscales para Madrid 92 frenará, según Álvarez del Manzano, la inversión de miles de millones de pesetas al no conceder exenciones que supondrían un monto de unos 400 millones.

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