El empresario Lacroix califica de montaje político el 'caso Blasco'

Jacques Lacroix, representante del grupo empresarial francés Occidentale de Centres Comerciaux (OCC) en España y uno de los querellados en el llamado caso Blasco, afirmó ayer en Valencia que las diligencias responden a un "montaje político de alcance". Lacroix, que compareció ayer ante el magistrado Juan Climent, anunció que el grupo de empresas que representa se plantea no invertir en la Comunidad Valenciana. La querella por presuntas irregularidades en la enajenación de unos terrenos de titularidad pública en Paterna (Valencia) afecta, junto a Lacroix, al ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat Rafael Blasco.

El hombre de negocios francés viajó ayer a Valencia para la realización de la prueba fonológica ordenada por el magistrado Climent. Esta prueba, que consiste en hacer una fotografía de la voz con el objeto de compararla con las grabaciones de las escuchas telefónicas, se había practicado con anterioridad al resto de querellados. Lacroix afirmó que sigue considerando "ilegales e inconstitucionales" las escuchas telefónicas de que fue objeto.

Un concurso público sobre unos terrenos en el polígono industrial de Ademuz, en el término municipal de Paterna (Valencia), fue la causa de la querella presentada a principios de año por el fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, por los delitos de cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas y violación de secreto. Al concurso, que finalmente fue anulado, se presentaron la firma Empresa Nacional de Centrales de Abastecimientos, SA (Mercasa), en unión con el sindicato UGT, y la sociedad francesa Occidentale de Centres Commerciaux, SA.

Lacroix insistió en que sigue desconociendo el contenido de las escuchas y que no siente por ellas ninguna curiosidad.