Desafuero de un parlamentario en Chile por llamar bribón a Pinochet

La Corte Marcial desaforó al diputado socialista Mario Palestro, quien podrá ser procesado y condenado hasta a 10 años de cárcel por calificar en una entrevista de "bribón" al general Augusto Pinochet y de "cretino" al almirante en retiro José Toribio Merino. Los términos usados por Palestro, de extracción popular y sin pelos en la lengua, aunque sí muchos en un abundante mostacho que le cruza todo el rostro, fueron considerados injuriosos por el Ejército, que logró en la Justicia militar el desafuero del diputado, vale decir, la pérdida de su inmunidad parlamentaria en los tribunales.El desafío que lanzó al Congreso la poderosa Justicia militar fue rechazado por el Gobierno y parlamentarios de todas las tiendas, para quienes el desafuero de un diputado no es resorte de un tribunal castrense. En la Corte Marcial, el tribunal de segunda instancia en la justicia militar, seis jueces militares y uno civil votaron por el desafuero contra tres magistrados civiles que se opusieron.

Palestro pidió excusas por sus palabras. "No fue mi intención ofender", dijo, y apeló la resolución en su contra ante el Tribunal Superior. Diputados y senadores socialistas se solidarizaron con los adjetivos que usó el parlamentarlo, arriesgando, al menos en teoría, una petición de desafuero colectivo.

Hasta parlamentarios que estimaron torpes los términos que usó Palestro han defendido al diputado frente a la invasión de la justicia militar en la vida civil. Para el Gobierno del presidente Patricio Aylwin, el problema de la excesiva injerencia y funciones de los tribunales castrenses es parte de otro mayor, la crisis de la justicia, que se expresó en la indefensión de los derechos humanos durante el pasado régimen.

Después de que Aylwin considerara en crisis al poder Judicial y pidiera su reforma en un discurso aplaudido por numerosos jueces, nueve de 17 magistrados de la Corte Suprema rechazaron la evaluación crítica del presidente.

La inusual intervención de estos magistrados, los mismos que negaron recursos de amparo a las víctimas y castigaron a jueces que investigaron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, reflejó un conflicto entre dos poderes aún no resuelto: el ejecutivo y un judicial hecho a la medida de Pinochet. Por ello las energías iniciales del Gobierno se han dedicado al tema de la justicia.