Detenido el policía municipal de Roquetas de Mar que descubrió prácticas exorcistas

La Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) detuvo ayer al jefe de la Policía Municipal de esta localidad a petición del propio alcalde. La detención se produjo a las 8.00 ' horas en el cuartel de la policía local, donde Rafael Montoya, sargento y jefe en funciones del cuerpo, permanecía en huelga de hambre desde hace cinco días iniciada dos días después de su actuación en el descubrimiento de prácticas exorcistas. Montoya fue puesto en libertad por la tarde, por orden judicial y anunció su decisión de proseguir la huelga de hambre.El conflicto se desató a raíz de las críticas del gobernador civil, Ramón Lara, quien declaró entonces que se había producido una "injerencia inaceptable" por parte de Montoya y de la propia Policía Municipal, dado que la Guardia Civil había iniciado ya una investigación.

Tras estas palabras, el alcalde, el independiente Juan Emeterio Martínez Romera, comunicó a su jefe de policía que quedaba suspendido de empleo y sueldo y destituido de sus funciones hasta nueva orden. Esta decisión del alcalde no es la primera ya que Martínez Romera y Montoya mantienen notorias diferencias que les han llevado ya a los tribunales, que hasta el momento se han pronunciado en favor del policía. La nueva sanción ha implicado la entrega de las armas reglamentarlas del agente, que le fueron retiradas la semana pasada por la Guardia Civil.

Un portavoz del Gobierno Civil de Almería aseguró ayer que la detención se produjo a petición del alcalde ante la perspectiva de una huelga de hambre indefinida y negarse a desalojar las dependencias de la policía local, "lo que podría constituir un delito de desobediencia tipificado por el Código Penal, y en consecuencia la Guardia Civil le ha puesto a disposición del juez de Roquetas de Mar".

Rafael Montoya dirigió el grupo de agentes que a primeros de este mes descubría en un cortijo la práctica de exorcismos en las personas de jóvenes menores de edad procedentes de barrios marginales de la capital y que habían sido puestos por sus familiares en manos de Manuel Aracil, autodenominado "pastor de la Iglesia Evangélica de Filadelfia".

La denuncia presentada entonces ante el juzgado fue contestada con la consideración de que no había indicios de criminalidad en los hechos denunciados, "que se inscribían en la libertad de religión y de culto que ampara la Constitución española".

Este planteamiento fue secundado por el gobernador civil y Montoya lo calificó de "indocumentado" y le retó a un debate público.