El Tribunal de Cuentas no controla los fondos de los partidos desde 1987

La contabilidad de los partidos políticos no ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas cuando han transcurrido casi tres años desde que se estableció esta obligación. Las fuerzas con representación parlamentaria han recibido, en conjunto, 20.000 millones de pesetas de ayuda regular del Estado durante el tiempo de vigencia del actual sistema de financiación pública sin que haya sido entregado a las Cortes ni un solo informe sobre la contabilidad general de los partidos. Sólo las subvenciones electorales son analizadas con rapidez debido a que su cobro depende de la fiscalización.

Fuentes del citado organismo atribuyen el retraso en la contabilidad general a la demora de la mayoría de los partidos en facilitar al tribunal la información que éste necesita, lo cual implica no sólo la ausencia de control sobre el dinero público entregado a las fuerzas políticas, sino también del volumen de dinero recibido de sus fuentes de financiación privada.Se ha producido, en todo caso, un incumplimiento flagrante de los plazos fijados legalmente para fiscalizar el dinero de los contribuyentes entregado a las fuerzas políticas que además tiene el carácter de financiación incondicionada, es decir, de libre uso por parte de los destinatarios.

Preguntado al respecto, el presidente del Tribunal de Cuentas, Pascual Sala, se limitó a contestar que las razones del retraso serán explicitadas en un próximo informe a las Cortes, que confía entregar dentro de un mes.

El borrador del dictamen sobre la contabilidad de 1987 de los partidos políticos está ya listo y ha sido trasladado a las partes interesadas para que aporten las alegaciones pertinentes. Una vez concluidos estos trámites, el dictamen, junto con las alegaciones de los partidos, pasará al pleno del Tribunal de Cuentas, que en caso de aprobar la labor de fiscalización remitirá a las Cortes a mediados o finales de marzo -si no hay nuevos retrasos- su informe sobre la contabilidad de los partidos políticos correspondiente al ejercicio de 1987.

Las causas del retraso son numerosas y significativas. Según medios allegados al tribunal, la principal reside en que prácticamente todos los partidos incumplieron en 1988 el plazo establecido por la ley de financiación para remitir la documentación completa.

Una vez que las fuerzas políticas entregaron sus primeras justificaciones, el tribunal apreció la falta de importantes detalles y, en general, la ausencia de un criterio de contabilidad homologable. Todos estos problemas han generado un intenso tráfago de aclaraciones y petición de documentos, y han culminado en la existencia del retraso superior a un año en la fiscalización de las cuentas. Todo ello no ha sido óbice, sin embargo, para el cobro puntual de las subvenciones estatales de carácter regular, que han sido abonadas por el Ministerio del Interior aunque la ley condiciona su pago a la entrega de los documentos contables.

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