Vox abre un expediente a Iván Espinosa de los Monteros para expulsarle del partido
El exportavoz del grupo ultra en el Congreso se une a una lista de purgados que incluye a Ortega Smith, Antelo y García-Gallardo


Vox ha abierto expediente disciplinario para expulsar del partido a Iván Espinosa de los Monteros, su portavoz en el Congreso durante la pasada legislatura. Lo ha anunciado él mismo a través de la red social X, vinculando su expulsión a la convocatoria de elecciones en la comunidad autónoma andaluza para el próximo 17 de mayo: “El lunes pasado sobre las 20:30 hrs, JuanMa Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23:01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido”.
El lunes pasado sobre las 20:30 hrs, JuanMa Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía.
— Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 26, 2026
Dos horas y media más tarde, a las 23:01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido.
El expediente de expulsión de Iván Espinosa de los Monteros se suma a los abiertos, con el mismo objetivo, a Javier Ortega Smith, Juan García-Gallardo, José Ángel Antelo e incluso Ignacio Ansaldo, titular del carné número 1 de afiliados a Vox. Las expulsiones afectan así a tres de los fundadores del partido ―Espinosa y Ortega Smith son los afiliados números 5 y 6 de Vox, respectivamente, mientras que Santiago Abascal es el número 4― y a dos de sus cuatro expresidentes autonómicos, los de Castilla y León y Murcia.
Espinosa de los Monteros ha sido secretario general de Vox y responsable de sus relaciones internacionales. En la actualidad preside la fundación Atenea. Encabeza, además, la iniciativa para reclamar que Vox celebre un congreso extraordinario, con el objetivo de debatir su deriva ideológica y la organización interna del partido que, según los críticos, es cada vez más autoritaria. A través de una página web, la propuesta ha recogido ya 2340 firmas, una cifra que se va acercando al 10% de los afiliados de Vox al corriente de pago. Según los estatutos de la formación, los críticos tendrían que recabar la firma del 20% de los afiliados para forzar la celebración de una asamblea general.
Sin embargo, es imposible que lo consigan sin la colaboración del equipo de Abascal, ya que este es el único que tiene en su poder el listado de afiliados. A ello se suma la apertura de procesos disciplinarios para expulsar a los principales promotores de la iniciativa.
La dirección del partido ya ha dejado claro que no piensa dar su brazo a torcer. Tanto la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, como su número dos, José María Figaredo, se han escudado en el crecimiento electoral de Vox para descartar la celebración de un congreso. El propio Abascal ha asegurado que Vox no tiene “problemas internos sino externos” y ha atribuido al PP las críticas de algunos de sus antiguos compañeros de filas. Los críticos recuerdan que ni Espinosa ni Ortega Smith ni Gallardo ni Antelo han militado nunca en el PP, al contrario que Abascal.
El manifiesto en el que piden la celebración de un congreso, promovido por 15 dirigentes y exdirigentes de Vox, incluida la vicealcaldesa de Toledo Inés Cañizares, denunciaba “la existencia de un entramado paralelo de entidades opacas, desconocidas para la mayoría de los afiliados, no sometidas a un escrutinio suficiente y vinculadas a intereses e intercambios económicos que exigen transparencia”, en alusión a las sociedades vinculadas a los dos principales asesores de Abascal, Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza, hijo del padrino mediático de Vox Julio Ariza. “Quien pide ejemplaridad para España debe empezar por garantizarla dentro de su propio proyecto”.
La principal empresa del tándem formado por Méndez-Monasterio y Ariza, Tizona Comunicación SL, cobró casi 1,3 millones de Vox en 2020, según reveló EL PAÍS el pasado martes, lo que el partido justificó elogiando el trabajo de los dos principales asesores de Abascal. García Gallardo denunció, además, que la esposa de Abascal ha sido contratada por otra compañía de los mismos propietarios por 60.000 euros anuales.
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