Suárez, contrario a legalizar el consumo de drogas

Adolfo Suárez reprochó ayer a Felipe González no haber consultado a los partidos políticos que suscribieron el pacto antiterrorista antes de opinar, como lo hizo el pasado viernes, sobre la conveniencia de pedir a varios países latinoamericanos la extradición de destacados terroristas de ETA. Por otra parte, Suárez manifestó en una conferencia de prensa que no cree que los problemas relacionados con el consumo de estupefacientes se resuelvan con la legalización del consumo de drogas.El dirigente centrista larnentó en la conferencia de prensa que el Gobierno no haya informado "desde hace varios meses" al CDS sobre la evolución y perspectivas de la lucha antiterrorista. "Nosotros", precisó el presidente del CDS, "estamos siempre dispuestos a acudir a unas conversaciones sobre la lucha antiterrorista. Lo que pasa es que ya veremos quién es el que convoca esas conversaciones", ironizó. "Felipe González es en estos momentos un presidente en funciones", advirtió.

Suárez anunció que el programa electoral del CDS, que será aprobado en una convención que tendrá lugar el próximo sábado, ofrecerá, "a corto plazo, una duración de tres meses del servicio militar obligatorio, y a medio plazo, la supresión del servicio obligatorio". El líder centrista recordó que en 1986 recibió "críticas feroces desde todos los frentes" por propugnar la reducción a tres meses del tiempo de permanencia en filas, y agregó con cierta sorna: "Me parece muy positivo que ahora vengan a coincidir con una propuesta que nosotros lanzamos hace tres años".

El programa electoral centrista señala como prioridades para los 10 próximos años inversiones en sanidad, vivienda e infraestructuras. El documento, según indicó Adolfo Suárez, incluye la propuesta de un "pacto de Estado" para ampliar las competencias de las comunidades autónomas mediante la reforma de sus estatutos.

El máximo dirigente del CDS criticó la pretensión del Gobierno de conceder más autogobierno mediante una delegación de competencias del Estado llevada a cabo cuando el Ministerio de Administraciones Públicas lo considere conveniente y sin ceder parcelas de soberanía.