El Gobierno rechaza adelantar indemnizaciones a los afectados por el síndrome tóxico

El Gobierno rechazó ayer la posibilidad de adelantar indemnizaciones a los afectados por el síndrome tóxico para no entrar en colisión con la decisión a este respecto que en su día puedan adoptar los tribunales. El ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, ante sendas interpelaciones en el Congreso del PP y de IU, apoyados por el resto de la oposición, dejó en manos de los afectados la elección de las vías judiciales que puedan emprender.

Para Zapatero el adelanto de indemnizaciones supondría dar por sentado que las autoridades encausadas son culpables, aunque se comprometió a continuar incluyendo en los presupuestos del Estado de cada año partidas para atención socio-sanitaria.El Partido Popular, Izquierda Unida, CDS, PNV, Minoría Catalana y Grupo Mixto fueron unánimes en pedir al Gobierno una ley que compense económicamente a los afectados de la colza. Para la diputada del Grupo Popular Isabel Tocino, la sentencia hecha pública el pasado 21 de mayo no pone fin a este drama y recordó al PSOE su actitud beligerante en la oposición en contraste con la posición pasiva que ahora les atribuye en el Gobierno.

El ministro de Relaciones con las Cortes, cuya intervención fue acogida con gestos de desaprobación por los numerosos afectados del síndrome tóxico que seguían el debate desde la tribuna de público, recordó que entre 1981 y 1989 los gobiernos han gastado 55.000 millones de pesetas en el sistema de protección establecido, sin contar los gastos de hospitalización, pensiones, becas y ayuda familiar complementaria.

El ministro señaló que los afectados son los que tienen ahora que tomar la iniciativa ya que el Gobierno "no puede sustituir ni adelantarse a la iniciativa que corresponde a los particulares afectados".

Zapatero enumeró las opciones que pueden escoger: "Recurrir o no la sentencia del 21 de mayo; proseguir el sumario abierto contra determinados funcionarios y altos cargos exigiendo la responsabilidad subsidiaria de la Administración o exigir del Estado una indemnización al amparo de la ley de régimen jurídico de Administración del Estado".

El ministro afirmó que si los afectados optan por esta última vía, el Gobierno "se compromete con la mayor celeridad posible a atender esta demanda y a ejercer obviamente la acción de regreso contra los altos cargos y funcionarios si hubiere algún tipo de responsabilidad administrativa".