La CE intenta acercar las condiciones de vida y trabajo en los 'doce'

Convencida de que el mercado único europeo debe tener una dimensión social, la Comisión Europea aprobó ayer un proyecto de Carta de los derechos sociales fundamentales que insta a los jefes de Estado y de Gobierno de los doce a proclamar solemnemente en su última reunión de este año, en diciembre en Estrasburgo.

Presentada públicamente por la comisaria europea Vasso Papandreu, responsable de la política social, la Carta pretende fomentar un acercamiento de las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos comunitarios y evitar así que se produzca un dumping social que incite a las empresas radicadas en los países con los costes salariales más altos (Alemania Occidental, Dinamarca, Holanda y Bélgica) a desplazarse a Estados miembros con una mano de obra más barata.A pesar de que existan convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, la virtual constitución social europea es indispensable, en opinión de la Comisión Europea, porque muchos textos de la OIT no han sido ratificados por los Estados miembros o han sido incluso rechazados.

Libre circulación

La Carta se divide, según una nota informativa de la Comisión, en 12 capítulos dedicados a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, al derecho a la libre circulación de los trabajadores asalariados e independientes, al empleo y a la remuneración, a la protección social, a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, a la formación profesional, a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, a la información y a la consulta de los trabajadores, a la protección de la salud y a la seguridad en el trabajo, a la protección de los niños y jóvenes, de la tercera edad y de los minusválidos.Los titulares de Trabajo estudiarán en su próxima reunión del 12 de junio el proyecto de Carta y también lo harán los sindicatos y empresarios, que ya han colaborado en su redacción, antes de remitirla a los jefes de Estado y de Gobierno. Al Ejecutivo europeo le gustaría que de aquí a un año el Consejo de Ministros le otorgue un mandato para empezar a poner en práctica la Carta, que los países como España, con Gobiernos socialistas, apoyan, y que los demás miembros no ven con malos ojos, excepto el Reino Unido.