Los países africanos piden verificar el contenido de las cargas de residuos peligrosos

La víspera de la firma de la Convención Global sobre el Control de Transporte Transfronterizo de Residuos Peligrosos, buena parte de los 52 Estados africanos presentes en Basilea mantenía una postura contraria al texto. Los países africanos piden la ampliación del concepto de responsabilidad del Estado exportador de una carga peligrosa a otro Estado importador, hasta convertirlo en un instrumento que facilite la verificación y el control del contenido real de las cargas.

La postura, que incluye la aceptación implícita de basuras peligrosas por parte de receptores africanos, choca frontalmente con el espíritu de Basilea, contrario a enviar residuos a este continente y tendente a poner fin al "comercio de veneno", en palabras de Mustafá Tolba, director general del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que impulsa el tratado.Según A. Clerc, miembro de la delegación suiza, la postura africana mostraba ayer el deseo de lograr el reconocimiento internacional de su derecho sobre la zona económica exclusiva: "Con la notificación del contenido de las cargas de residuos en tránsito por sus aguas o territorio, los países en vías de desarrollo lograrían extender el reconocimiento de su soberanía y sus derechos sobre estas zonas". El resto de los 111 Estados presentes en Basilea se opusieron durante todo el día de ayer a discutir este punto de derecho internacional, en el curso de un congreso destinado a firmar una convención que frenará o suprimirá el tráfico de residuos.

Otra de las propuestas surgida en el seno de la Organización de los Estados Africanos (OUA) pretendía la creación de un órgano ejecutivo permanente de verificación del transporte, hecho que sólo podrá producirse cuando los firmantes de la convención se reúnan, dentro de un año. La tercera, consistente en otorgar un papel importante a la propia OUA en el curso de la convención, no parece tener tantos problemas ya que se trata de añadir una línea a los acuerdos finales. "El mayor peligro consiste en provocar una votación antes de que el acuerdo esté claro", afirmó ayer A. Clerc, "ya que países como Kenia, Senegal, Costa de Marfil o los de África del Norte, que están dispuestos a firmar, pueden negarse si no hay consenso. Y para ello necesitamos un tercio de las firmas".

Postura española

Donde no parece haber tantos problemas de firma es entre los 12 miembros de la Comunidad Europea, que se han mostrado dispuestos a hacerlo hoy en bloque, siempre que se respete el principio del consenso. En el caso de España, que es zona de tránsito, sobre todo marítimo, su delegación ha defendido el reconocimiento del derecho a ser informados sobre la naturaleza de la carga, antes de que el buque cruce las aguas territoriales. Ello mejoraría la vigilancia durante la travesía, sin vulnerar las leyes internacionales de libre navegación. Al mismo tiempo, en caso de emergencia o accidente, los expertos podrían responder con más facilidad.

El nuevo Plan Nacional de Gestión de Residuos, recién aprobado por el Gobierno, español, no prevé la construcción de depósitos para el almacenamiento de este tipo de residuos peligrosos importados, pero sí la creación de plantas de tratamiento y reciclado. España exporta en estos momentos,a países de la CE, desechos para su posterior incineración en el mar. Italia y Alemania son ejemplos de países que acogen en sus instalaciones especializadas materiales procedentes de España, como el zinc, que luego serán reciclados. Fernando Martínez Salcedo, director general de Medio Ambiente, llegó ayer a Basilea para firmar hoy la convención.