Dos alféreces de la República recurrirán al Tribunal de Estrasburgo para que se les reconozca su pensión

Dos jubildados alaveses, ex alféreces de complemento leales a la II República durante la guerra civil, remitirán sus expedientes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el silencio gubernamental, que dura ya cuatro años, desde que reclamaron el derecho a una pensión. Es una forma de protesta por el "nulo respeto del Gobierno por los que defendimos la democracia" y un "llamamiento a todos los que siguen esperando", dicen. En octubre de 1986, el Tribunal de Estrasburgo rechazó una petición similar realizada por varios aviadores que lucharon en defensa de la República.

La razón que adujo el Tribunal de Estrasburgo entonces fue que la injusticia cometida por el Estado español fue anterior a que España aceptara la tutela del Tribunal de Derechos Humanos.Los dos jubilados alaveses, Juan Gamarra y Félix Balluerca, compañeros de la misma quinta, tienen ya 76 años. A pesar de su gran combatividad, ambos son conscientes de que no tienen tiempo para entrar en conflictos y forzar la respuesta de la Administración con un contencioso, y finalmente a través del Tribunal Constitucional, que tarda tres años en responder. Ésa es la razón por la que van a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.Con este gesto intentan hacer un llamamiento a la unión y a la protesta generalizada de todos los compañeros de filas republicanos que se encuentran en la misma situación. Una larga lista de espera que corre más por la muerte de los interesados que por la agilidad de la Administración. Todavía quedan sin resolver unos 50.000 expedientes.

Silencio

Los dos ex militares republicanos se acogieron en enero de 1985 a las leyes que establecían el derecho a una pensión tras su paso por el Ejército. Sin embargo, han transcurrido cuatro años y la Administración del Estado les ha respondido con el silencio. Una contestación que califican de insultante y que "dice muy poco a favor de un Gobierno que se llama democrático, pero que actúa así con los que entonces luchamos por defender la democracia". Desde su punto de vista, el restablecimiento de las libertades no lo ha sido para ellos, "y después de 50 años seguimos condenados, mientras que los que entonces traicionaron a España son los que ahora disfrutan de una situación de la que renegaron".

En el año 1986 insistieron ante el Ministerio de Economía y Hacienda, al reenviar sus peticiones para que les fueran revocadas las penas impuestas por los tribunales franquistas y les pasaran a situación de retirados, con los derechos y obligaciones inherentes a tal situación. En el consejo de guerra con tribunal de oficiales y generales, en función del rango que tenían, Gamarra fue condenado a cadena perpetua, que se quedó en ocho años, y Balluerca, a 16 años y un día. Ambos fueron separados del Ejército.