Alfonsín pacta una tregua con los sindicatos peronistas para evitar la huelga general

El presidente Raúl Alfonsín acordó una tregua con la Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical de orientación peronista, para evitar que el comité central confederal de gremios declare una huelga general contra el nuevo "plan antiinflacionario" que comenzó a aplicarse hace pocos días. Alfonsín firmó un acta después de reunirse con Raúl Ubaldini, secretario general de la CGT, comprometiéndose a cumplir todas las peticiones sindicales.

En el documento, redactado al concluir la reunión, que se extendió casi tres horas, el Gobierno asegura que respetará la libre discusión de los salarios entre obreros y empresarios, además de considerar un aumento del llamado "salario mínimo vital", que actualmente es de sólo 60 dólares. Por otra parte, el Gobierno garantiza la participación de los trabajadores en las empresas públicas y reconoce también que "cualquier proyecto de acuerdo de las empresas públicas con capital privado será sometido a la consideración del Congreso".La declaración de 10 puntos firmada por Alfonsín, Ubaldini y el ministro de Trabajo, Ideler Tonelli, no es más que una formalidad para justificar el cese el fuego hasta que ambos bandos recompongan sus fuerzas. Raúl Ubaldini aclaró que por ahora se trata sólo de "promesas" y trasladó la responsabilidad de la decisión a los "cuerpos orgánicos" de la CGT.

Conflicto político

El conflicto es político antes que sindical. La reciente elección interna en el peronismo, que determinó la victoria del candidato Carlos Menem, provocó un descalabro en la CGT. Con Menem ganaron también los secretarios generales de los gremios industriales, los más poderosos, que habían perdido el control de la CGT tras una frustrada alianza con el Gobierno radical.La estrategia de la CGT, que está directamente vinculada a la decisión política del peronismo, prevé una primera etapa de "conflictos sectoriales" -huelgas continuas a medida que fracasen las discusiones entre obreros y empresarios por el aumento de salarios y una mejora sustancial de las condiciones de trabajo-, hasta que se inicie la campaña electoral, a partir del mes de noviembre. Ese plazo, de unos 60 días como mínimo, es el que necesita el Gobierno para demostrar que el índice de inflación puede reducirse a menos del 10% mensual.