Campaña de apoyo a los procesados por aborto en Navarra

Los trabajadores de los centros de planificación familiar de Navarra han decidido negarse a tramitar un solo caso más de interrupción voluntaria legal del embarazo en esta comunidad en supuestos acogidos por la ley en tanto "no se modifique la misma" y en respuesta al procesamiento de tres ginecólogos, un inspector médico de la dirección provincial del Insalud y una joven que protagonizaron en febrero de 1986 el segundo aborto legal de Navarra y que han sido procesados por el magistrado Juan José García Pérez del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona por supuesto abortó ilegal.Los trabajadores de estos centros decidieron en una asamblea remitir de ahora en adelante al director provincial del Insalud, Pedro Bados, y al consejero de Salud del Gobierno foral, Carlos Artundo, las demandas de aborto legal que le sean solicitadas "para que", señalan los trabajadores, "como médicos que son puedan remitir los informes correspondientes y por lo tanto, ser objeto de un auto de procesamiento, ya que", añaden, "es su ley y no la nuestra".

El sexólogo José Luis García afirmó ayer en una conferencia de prensa que desde su aplicación en Navarra, en octubre de 1985, el resultado de intentar ejercitar un derecho legal ha sido para los profesionales de la medicina un calvario de "vejaciones, insultos, amenazas y ahora un procesamiento debido al cumplimiento de la legalidad vigente, motivado además por la actividad de grupúsculos minoritarios, fanáticos y ultraconservadores", en referencia a la querella presentada por la asociación Acción Familiar, en la que militan numerosos miembros del Opus Dei y que ha dado como consecuencia el primer procesamiento que se produce en el Estado español por un supuesto delito de aborto.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad de Madrid ha exigido "el levantamiento de todos los procesos pendientes".