La peste

LA PRESENCIA de la peste equina en España -introducida, según parece, por unas cebras importadas de África con destino al Safari Park, de Madrid- no es un suceso que merezca sólo la atención y la preocupación de las autoridades sanitarias. La aparición de un hecho de esta naturaleza en medio de una sociedad desarrollada y las graves consecuencias que genera no pueden dejar indiferente tampoco a la opinión pública. No le falta razón al Consejo General de Veterinarios cuando denuncia la carencia en los puertos y fronteras españoles de medios técnicos de diagnóstico para el riguroso control sanitario de los animales vivos importados, en contraste con lo que es habitual en los otros países de la Comunidad Europea.Los daños de la epidemia en el terreno agropecuario, económico y deportivo son ya considerables. El número de equinos muertos puede acercarse ya a los 300, y las pérdidas se calculan en unos 10.000 millones de pesetas. La inmovilización de caballos -decretada tardíamente por las autoridades sanitarias- como medida indispensable para hacer frente a la propagación de la epidemia está ocasionando también una grave crisis en el espectáculo de los toros.

La actividad comercial desarrollada en tomo a los équidos está todavía muy extendida en España, donde la cabaña caballar está formada por 255.000 cabezas; la mular, 140.000, y la asnal, 158.000. Esta cabaña, de la que depende la vida económica de numerosas unidades familiares y empresariales, se ha ampliado últimamente con las inversiones en caballos de competición. Para éstos, no sólo la muerte es una amenaza: bastan las severas normas actuales sobre cierre de las fronteras por un tiempo mínimo de dos años para provocar que, al menos en este plazo, los ejemplares españoles abandonen las reuniones internacionales.

La lentitud con que han reaccionado las autoridades de la sanidad animal, que han tardado casi dos meses en afrontar el brote de epidemia, y el alarmismo con que ha sido recibida la noticia en círculos hípicos perjudicarán la precaria imagen que la industria del caballo español tiene en el mundo. España ha tenido ya en varias ocasiones problemas en el orden de la sanidad animal, y la inspección veterinaria reincide en la falta de rigor preventivo. Es intolerable que a estas alturas no se sepa a ciencia cierta cuál ha sido el origen de la enfermedad, o, si se sabe, que se mantenga el más absoluto silencio administrativo, y se obligue a la opinión pública a aventurarse en el terreno de las conjeturas. Los responsables de la sanidad animal deberían haber dado ya cumplida información sobre este asunto, sin esperar a la obligada explicación que deberán dar hoy al Parlamento, a instancias del Grupo Popular.

Por añadidura, una vez declarada la epidemia, la lentitud de la reacción oficial puede haber puesto en peligro a algunos grupos de caballos, tanto por razones de aislamiento como porque podían haber sido protegidos antes con la vacuna, ante la cual se presentan obstáculos iniciales. La resistencia en los sectores de competición proviene de que un caballo vacunado puede llegar incluso a dar positivo durante el resto de su vida en las pruebas de control, lo que podría apartarle definitivamente de las carreras.

Las consecuencias en pérdidas económicas, en quebranto deportivo o de imagen son tan graves que la Administración sanitaria deberá investigar los hechos que permitieron la introducción y propagación de la enfermedad y exigir responsabilidades, incluso las que pudieran observarse en el ámbito administrativo.