La Política Agraria Común aumenta los desequilibrios regionales comunitarios, según los empresarios españoles

La Política Agrícola Común (PAC) es poco razonable porque se ha centrado en reducir los excedentes y equilibrar el presupuesto sin tener en cuenta las consecuencias sociales. Sus efectos negativos se traducen en una mayor despoblación rural, una disminución de las rentas de los agricultores y un aumento de los desequilibrios regionales, según afirmó ayer el presidente de la sección de Agricultura del Comité Económico y Social (CES), Javier López de la Puerta, miembro de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG).López de la Puerta, que tomó como base los propios textos comunitarios, añadió que, en efecto, "en Europa se decide más y demasiado tarde y rara vez hay eficacia en la aplicación de las decisiones tomadas". Si fuera de otra forma, "no se habrían pro vocado los excedentes actuales ni se habrían perjudicado las rentas agrarias ni se hubieran producido los elevados gastos presupuestarios actuales".

Al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) le han faltado criterios más objetivos y solidarios. En la distribución de su presupuesto -23.000 millones de ECUS en 1986- destaca que sólo el 5% se destina a mejoras estructurales, y el resto, a mantener precios y mercados. Tres sectores claramente excedentarios, lácteo, ovino y cereales, absorben el 53% del presupuesto del FEOGA. Y, por último, la recuperación de fondos por parte de los países miembros es desequilibrada.

En cuanto a las rentas agrarias, López de la Puerta destacó la disminución del peso relativo de la agricultura en el producto interior bruto de la CE a un ritmo de medio punto anual. También apuntó la caída en los ingresos medios por agricultor en 25 puntos entre, 1975 y 1985, a pesar de que se ha registrado un aumento de la productividad. En su opinión, la reforma de la PAC, iniciada a raíz de los acuerdos del Consejo de Ministros de la CE de diciembre pasado, no es satisfactoria para los agricultores.Entre otros motivos, porque supone una política de precios que incidirá negativamente en las rentas agrarias, no define ni protege en la práctica a las exportaciones familiares y no se han aprobado las medidas socio-estructurales.

Fondos en litigio

Por su parte, Francisca- Santaolalla, miembro del servicio jurídico de la Comisión de las Comunidades Europeas, resaltó la capacidad ilimitada por parte de los Estados miembros de la CE por utilizar fondos con destino al sector agrario de manera incorrecta. Ello ha dado lugar litigios entre la Comisión y los Estados miembros.

El consejero agrícola del presidente de la CE, Michel Jacquot, argumentó en favor de una reforma de la PAC, basada en una política prescriptiva de precios, una disminución de las garantías que ofrece la intervención y un incremento de la corresponsabilidad de los agricultores. La razón de base está de que se ha producido un creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda agrícola europea.

Respecto a los precios, Jacquot argumentó que, en la práctica, las ayudas comunitarias han beneficiado indirectamente a los proveedores de terceros países y a los grandes productores cornunitarios. Según datos de la Comisión no hechos públicos hasta ahora el 75% de los fondos del FEOGA van a parar a menos del 25% de los agricultores.

Aunque la cantidad presupuestada en pequeña en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, el asesor de Jacques Delors resaltó que el problema es de asignación de recursos. De los 27.000 millones de ECU que la CEE destina al sector agrícola, 5.000 rnillones se dedican a los gastos derivados del almacenamiento de escedentes y 8.000 millones a garantizar los precios, de exportación.