Mariano Rubio declara hoy en la querella de Ruiz-Mateos, contra el Banco de España

Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, prestará hoy declaración ante el juez titular del juzgado número 11 de Madrid, Javier Martínez Arrieta, tras haber sido admitida a trámite la querella presentada por José María Ruiz-Mateos contra él y otros antiguos directivos del banco emisor. Entre ellos se encuentran el ex presidente José Ramón Álvarez Rendueles, actual presidente ejecutivo del Banco Zaragozano, y Aristóbulo de Juan, ex director general y actual funcionario del Banco Mundial en Washington.

A una hora tan española como las cinco de la tarde, Mariano Rubio se convertirá en un afectado más del fuego graneado que, en forma de querellas, dispara Ruiz-Mateos contra todos los que han tenido algo que ver en la expropiación de su imperio Rumasa. Álvarez Rendueles está citado para las cinco de la tarde de mañana, y Aristóbulo de Juan para la misma hora del viernes. El financiero jerezano acusa al gobernador del Banco de España de no haber hecho uso de las facultades de inspección y sanción que la legislación le confiere en materia de regulación del sistema bancario. Si Rumasa era un desastre, viene a argumentar el empresario, alguna responsabilidad deben tener los encargados de vigilar que ello no se produjera.El querellante señala que sólo 13 días antes de la expropiación del holding, el gobernador del Banco de España remitió un informe al ministro de Economía y Hacienda, entonces Miguel Boyer, sobre alternativas de actuación para con Rumasa. El tercer punto del informe, en opinión de Ruiz-Mateos, coincide con la decisión adoptada por el Gobierno de expropiar. El querellante alude a "motivaciones bastardas" en la conducta de Mariano Rubio, que arrancarían del asunto del Banco de Navarra.

Niega la mayor

José María Ruiz-Mateos niega que los datos sobre la situación económica del grupo Rumasa contenidos en el mencionado informe del Banco de España al Ministerio de Economía y Hacienda sean reales, ya que de ser ellos ciertos "los querellados habrían incurrido en gravísimas negligencias al no haber impedido, poniendo coto como hubiera sido su obligación, a la expansión del grupo bancario de Rumasa", que recibió autorización para abrir cerca de 100 nuevas sucursales, la compra de Fidecaya o la de Galerías Preciados.El 24 de diciembre de 1981 Rumasa se hizo cargo de la compañía Fidecaya, cuyaliquidacion había sido decretada meses antes, "poniendo en manos de Rumasa la suma de 7.000 millones de pesetas en concepto de fondos ajustificar, y cediéndose un patrimonio tasado en unos 15.000 millones a devolver en 20 años, susceptibles de amplíación". Ruiz-Mateos concluye de esto que "si las irregularidades hubieran existido, se habría impedido la cesión de cantidades tan importantes a Rumasa". Otro tanto sucede con la compra de Galerías Preciados al Banco Urquijo, "sin que las autorídades monetarias hicieran el menor signo de contradicción".

El querellante llega al final de su querella a la siguiente disyuntiva: o bien los querellados han cometido "delito de falsedad ideológica", al faltar a la verdad en la narración de los males de Rumasa, o, en el supuesto más favorable para ellos, han cometido delito de malversación de caudales públicos a causa de su conducta negligente. En consecuencia, pide el procesamiento de los querellados, con exigencia de fianza suficiente.