Campaña diplomática italiana en favor de la reforma de la CEE

El Gobierno italiano está realizando en todas las capitales comunitarias, incluida Madrid, una intensa campaña diplomática a favor de la reforma de la CEE para mejorar la eficacia de su funcionamiento. Italia, hasta ahora sólo con el apoyo decidido de Luxemburgo, Bélgica y Holanda, plantea la reforma de las instituciones comunitarias y la consecución de un tratado sobre la cooperación política europea. El Gobierno español mantiene una actitud de prudencia para no entorpecer la ratificación del tratado de adhesión, pendiente aún de discusión en los Parlamentos de varios países, entre ellos los del Reino Unido y Dinamarca, cuyos Gobiernos son quienes ofrecen mayores resistencias a la reforma.El espíritu de Milán, surgido de la cumbre celebrada los pasados 28 y 29 de junio, se enfrenta a una prueba de fuego en el Consejo de Ministros de la Comunidad, pues las decisiones que en él se adopten, tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores ayer en Bruselas y la del próximo día 26, serán decisivas para calibrar el éxito o fracaso de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la CEE en Luxemburgo. Fuentes de la Embajada de Italia en Madrid han destacado el grave peligro de echar en saco roto la oportunidad histórica de dotar a la Comunidad de "estructuras adecuadas a su evolución hacia formas siempre más avanzadas de integración y a su ampliación a España y Portugal. Si este esfuerzo fracasara se corre el riesgo de hacer que la CEE vuelva a ser una simple zona de libre intercambio".

La propuesta italiana se basa en adoptar un documento jurídico único que incluya el nuevo tratado sobre la cooperación política, sobre el que parece existir ya un amplio consenso, y también las modificaciones del Tratado de Roma. La reforma institucional persigue hacer práctica común de la regla de la mayoría para la toma de decisiones, evitando "la perversión" que constituye el recurso continuado al derecho de veto, según Carlo Ripa di Meana, comisario europeo encargado de los temas institucionales. Para ello se pretende reforzar el papel del Parlamento Europeo, hasta ahora restringido a funciones de control y sin iniciativa legislativa, para dotarlo de un poder de decisión similar al del Consejo de Ministros. Asimismo, la Comisión debe aumentar sus competencias en la gestión de la política comunitaria.

La consecución de un verdadero mercado común, totalmente integrado, es un objetivo planteado a conseguir en el horizonte de 1992. A este fin van también dirigidas las propuestas de la Comisión Europea de crear en el futuro un Fondo Monetario Europeo y lograr una homogeneización del IVA dentro de la CEE, pues la imposición de tipos más altos a un mismo producto según los países actúa como un mecanismo que penaliza las importaciones.

La necesidad de que España supere su papel de miembro observador en los consejos comunitarios y aportar un decidido apoyo al proceso de una mayor integración en la CEE fue puesta de manifiesto por Carlo Ripa di Meana en su visita a Madrid. El comisario europeo declaró que "el ejercicio del derecho de veto con base en la invocación de intereses vitales, la obsesión de la unanimidad, es lo que provoca el bloqueo de la CEE. Si esta perversión constituye ya un ejercicio abocado al fracaso en la CEE a diez, será aún más insoportable en el marco de 12 países". El camino, según Ripa di Meana, es limitar el ejercicio de la regla de la unanimidad para que sea "así posible el tránsito natural a la mayoría". La profundidad de la reforma que se consiga depende, en su opinión, de que se logre una auténtica "dramatización" del problema en la opinión pública para sobreponer a los intereses de los Gobiernos los deseos de los ciudadanos.