Protestas en Jerez por la adjudicación de dos bodegas Rumasa a Marcos Eguizábal

La firma Barbadillo, SA, del marco de Jerez, ha manifestado públicamente su protesta por la posible adjudicación de las bodegas Díez-Mérito, SA, y Bodegas Internacionales, SA, al empresario Marcos Eguizábal, dentro de la reprivatización en curso de los centros bodegueros de Rumasa. La permanencia en la futura empresa adjudicataria del actual equipo gerente de la división de vinos de Rumasa, que con Carlos Barbáchano a la cabeza asumirá el 25% de las acciones, se considera una circunstancia irregular que ha podido dar una clara ventaja a la firma ganadora.Gabriel Raya, portavoz de Barbadillo SA, que ha presentado una oferta sobre estas mismas bodegas, cree que "el asunto puede lesionar intereses de empresas privadas que han realizado la mejor oferta posible con la información de la que se disponía", y en concreto a Barbadillo, cuya oferta conocía Carlos Barbachano por habérsela confiado como representante de la Administración. De confirmarse estos hechos serían "signos de una revista de humor: una bodega que se sanea con dinero público, sale a pública subasta y se le adjudica a los administradores". Gabriel Raya cree, sin embargo, que el Consejo de Ministros no ratificará tal adjudicación. En cualquier caso aún no se ha producido comunicación oficial al respecto.

En las últimas horas han surgido también otras críticas sobre esta adjudicación. El alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, ha realiza do declaraciones sobre la posible ilegalidad de la situación, exis tiendo también cierta inquietud sobre el tema en las consejerías de Agricultura y Pesca y Comercio de la Junta de Andalucía.

El citado alcalde de Jerez, del Partido Andalucista (PA), ha criticado también en el Parlamento regional el acuerdo, previsto en el tratado de adhesión a la CEE, por el que Gran Bretaña podrá utilizar el término "Sherry" para la producción y comercialización del vino de Jerez allí elaborado, al que calificó de "brebaje". El consejero de Agricultura, Miguel Manaute, respondió diciendo que la autorización tiene efecto hasta 1995, siendo entonces el Consejo de Ministros de la CEE quien decidirá.