Los pactos con Rivera

Las discrepancias en el Gobierno surgieron a raíz de los pactos entre el ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, y Ramiro Rivera, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC). De todas las peticiones presentadas por Rivera, las más sustanciales -por su trascendencia económica- eran dos: llegar a la libertad de elección de médico y de hospital.El proyecto de ley inicial -antes de iniciar las consultas con organizaciones corporativas, sindicatos, etcétera- preveía la libertad de elección de médico para la asistencia primaria o ambulatoria y sólo dentro de cada zona (la disposición integra las zonas en áreas y éstas en comunidades autónomas a la hora de integrar el servicio asistencial), sin comprometer nada importante respecto a la hospitalaria (sólo en casos y con mecanismos muy especiales, el paciente podría ir a un especialista fuera de su autonomía). Con las concesiones a Rivera, ahora la libertad de elección en asistencia primaria se ha ampliado al área (núcleos de 250.000 personas en las grandes ciudades).

En cuanto a la asistencia hospitalaria, el paciente, una vez diagnosticado, podrá elegir el servicio que prefiera dentro del hospital que se le asigne, sea público o concertado con el sector privado.

No obstante, quizá la concesión de mayor envergadura radica en que los autores de los posteriores retoques en el proyecto de ley dejaron una redacción intencionadamente ambigua, para poder profundizar en la libertad de elección sin necesidad de cambiar la ley, gracias a la interpretación que le dé el Gobierno de turno. Ante dichos cambios, el Ministerio de Economía, preocupado por los costes de la libertad de elección, pero sobre todo contrario a dejar abierta una vía a lo imprevisible, pidió al menos que se volviera a las posiciones iniciales. Aunque propugnaba una mayor libertad de elección y la posibilidad de combinarla con la puesta en marcha de un boleto moderador que desanimara los abusos por parte de los pacientes al tener que asumir éstos una parte del coste, dominaba en sus planteamientos el impedir a toda costa que se dispare el gasto público. Según uno de los altos cargos del departamento, tras la libre elección de médico dentro de cada zona podrían venir reclamaciones de los pacientes para que se les abonen los gastos de transporte o el tiempo empleado hasta la consulta del médico que elijan, así como animar a los doctores con mayor clientela futura a pedir claramente el cobro por acto médico.

Por su parte, Sanidad y Consumo entendía que, en el fondo, la posición anterior cuestionaba el modelo de la ley, en presunta coincidencia con la izquierda médica, que lo impugna por tímido y acentuó sus ataques tras los pactos LLuch-Rivera. A su juicio, la vuelta a posiciones iniciales podría ser tomada como un punto de partida para luego acercarse al esquema francés, lo que frustraría las pretensiones -reflejadas en el proyecto legal- de un Sistema Nacional de Salud que se basará en zonas y áreas donde estén integrados todos los elementos que intervienen en la misma (alimentación, medio ambiente, demografía, etcétera). Argumentaban que llevar la libertad fuera de cada zona invalidaba la concepción de un trato integral y especializado al paciente en función de las peculiaridades de su demarcación.