Socialistas y conservadores, enfrentados por las competencias de diputaciones y ayuntamientos

Los debates sobre la ley de Bases de Régimen Local, reanudados ayer en el Congreso de los Diputados, estuvieron centrados en la discusión de las competencias de los ayuntamientos y diputaciones y las referidas a los regímenes especiales -como los cabildos insulares- y las comarcas. Por una enmienda transaccional socialista se posibilita al pleno de los ayuntamientos a ejercer acciones administrativas y judiciales, competencia que en el texto de comisión era exclusiva del alcalde.En los debates fundamentales de la sesión de ayer se opusieron las distintas concepciones que sobre la provincia mantienen conservadores y socialistas. Para los primeros, resulta fundamental conceder mayores atribuciones a las diputaciones, porque de lo contrario, opinan, se crea un centralismo regional.

Luis Fajardo del Grupo Socialista, defendió las tesis de su partido en el sentido de que "la ley contempla las especificidades de cada región y que hacer tabla rasa supondría, en el caso concreto de Cataluña, imposibilitar que pueda proyectarse de acuerdo con su tradición histórica". De las anteriores diputaciones manifestó que "fueron un instrumento de caciques y órganos antidemocráticos". Fajardo definió la concepción de la provincia como ente intermedio entre la comunidad autónoma y la local.

Modesto Fraile, del Grupo Popular, que se declaró provinciano y provincialista, afirmó que en la realidad de España que conoce las diputaciones han realizado un papel importante, y consideró necesario señalar en esta ley básica algunas de las funciones que deben ser atribuidas a los órganos provinciales.

Jesús Aizpun, de Coalición Popular, pidió que desapareciera el nombre de Navarra en un artículo en el que se menciona a las comunidades autónomas uniprovinciales a fin de que no pueda ser confundida con éstas. Joseba Zubía, del PNV, volvió a plantear el problema de los territorios históricos, e incluso aportó legislación de apoyo del tiempo de la dictadura de Primo de Rivera.

El comunista Fernando Pérez Royo repitió los argumentos esgrimidos durante el debate de totalidad en el sentido de que la ley de Bases de Régimen Local no debería decir la última palabra sobre las diputaciones, al considerar que ello debería ser competencia de la legislación autonómica. Manuel Núñez, centrista, se mostró partidario, como los conservadores, del fortalecimiento del papel de las diputaciones para ser elemento equilibrador entre los distintos niveles de las administraciones.