Reducido papel de las autonomías

Desde el punto de vista político, la futura ley de Protección Civil reafirma el protagonismo de las autoridades locales y gubernativas, mientras que el papel atribuido a las comunidades autónomas es más reducido.La reforma configura a los alcaldes como los primeros y más directos responsables de las tareas de prevención y de dar soluciones a las emergencias que se presenten, y por tanto tiende a centrar en ellos la responsabilidad más directa. Las autoridades gubernativas -gobernadores civiles y delegados del Gobierno en las comunidades autónomas- limitan su actividad cotidiana a la coordinación de los diferentes municipios con la comunidad autónoma, y sólo intervienen directamente en emergencias cuando la magnitud del riesgo obligue a recurrir a Fuerzas de Seguridad del Estado o unidades militares.

A las comunidades autónomas se reserva un papel meramente optativo: podrán intervenir en cuestiones como la elaboración del inventario de riesgos y el catálogo de recursos movilizables. Podrán mandar sus propios servicios, pero no el resto de los recursos públicos. Tampoco se les atribuye capacidad de movilización de personas o de requisa de medios en caso de emergencia, competencias ambas atribuidas a autoridades locales o gubernativas.