La concesion del derecho

Uno de los puntos claves del proyecto de ley de Asilo es el procedimiento de concesión de este derecho.El proyecto de ley crea una comisión consultiva en el seno del Ministerio del Interior -integrada por representantes de los departamentos de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Trabajo y Seguridad Social- que informará sobre las solicitudes de asilo, cuya concesión será competencia del Gobierno, a petición de la parte interesada. El Ministerio del Interior, oída la comisión consultiva citada, es el organismo encargado de proponer al Gobierno "la resolución que estime, pertinente".

Quizá la novedad mayor contenida en las emniendas socialistas en este punto es la distinción siguiente: la comisión efectúa una propuesta al ministro del Interior. Si tal proposición fuera concorde con el criterio del ministro, éste dictará la resolución correspondiente, contra la que cabría interponer recurso de alzada ante el Consejo de Ministros.

Si fuera discordante, el ministro del Interior elevará el expediente al Consejo de Ministros para que éste resuelva sobre la solicitud de asilo. Contra esta re-. solución cabría recurso de súplica ante el propio Consejo de Ministros.

Frente a la fórmula gubernamental de concesión de asilo y a su versión suavizada propuesta por el Grupo Socialista, la posición más tajante es la de quienes -como la Minoría Catalana, el PNV, los comunistas y Bandrés- mantienen la creación del Sepra y, consecuentemente, la supresión de los artículos relativos a la comisión consultiva. Como fórmula alternativa, la Minoría Catalana propone que la resolución sobre las solicitudes de asilo corresponda al Ministerio de Justicia, con posibilidad de recurso al Gobierno, con intervención de una comisión consultiva similar a la diseñada por el proyecto de ley, y en la que participaría también la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En las antípodas de estas posiciones se encuentra el Grupo Popular, que propone la supresión de la comisión consultiva, pero con objeto de que la competencia la asuma la Dirección de la Seguridad del Estado, que sería el órgano encargado de informar la solicitud de asilo, mientras la función consultiva se asignaría a la Comisión Permanente de Estado.

El grupo de Fraga manifiesta que "no se ve la necesidad de crear otra comisión interministerial que adicione un nuevo elemento burocrático"; cuando el Gobierno tiene a su servicio el alto asesoramiento del Consejo de Estado".