Los acusados del caso de 'El Papus', víctimas de una conspiración parapolicial, según la defensa

Finalizó ayer a las tres de la tarde el juicio oral seguido contra los seis militantes de la extrema derecha presuntamente implicados en el atentado contra El Papus, perpetrado en Barcelona en septiembre de 1977. En el transcurso de la sesión de ayer, dedicada íntegramente a los informes de las partes, uno de los abogados defensores aseguró que los acusados eran "víctimas de una trama política", mientras que los verdaderos responsables gozaban de libertad y de protección policial.

Con un informe muy técnico y jurídico, y calificado de sobrio por parte de las defensas, se reanudó ayer a las once de la mañana el juicio oral seguido contra los presuntos responsables del atentado a El Papus. En el transcurso de esta intervención, el fiscal rebajó levemente las peticiones de prisión para algunos de los acusados -aunque para la mayoría de ellos la petición se mantuvo por encima de los treinta años- e incrementó ostensiblemente las indemnizaciones para las víctimas. Para los familiares del ordenanza fallecido el fiscal reclamó diez millones de pesetas, frente a los cinco que había reclamado en un principio. Las peticiones del ministerio fiscal, incluidas estas leves matizaciones, fueron asumidas por los querellantes, quienes realizaron un análisis político del momento y del grupo.Según los abogados querellantes, el atentado a El Papus hay que analizarlo en un contexto político muy determinado en el que se encontraba la reinstauración de la Generalitat, el retorno de Josep Tarradellas, la firma de los Pactos de la Moncloa y la consolidación de la democracia. Los letrados Manuel Jiménez de Parga y Javier Barja de Quiroga, representantes de la Asociación de la Prensa y de Ediciones Amaika, expusieron una estructurada tesis política, que les llevó a afirmar que los acusados "querían impedir el proceso democrático del país".

Jiménez de Parga aportó también a la sala una reflexión y añadió que aquel juicio debía de servir para que quedara claro que "las organizaciones policial,es paralelas se acababan descontrolando y finalizaban por afectar a quienes las montaron". Con esta afirmación el catedrático de Derecho Constitucional apoyó la tesis, aportada también por los abogados defensores, según la cual el atentado es responsabilidad de los grupos paralelos parapoliciales, que sobrevivieron a la desaparición del franquismo y que en aquellos años estaban dando sus últimos coletazos.

En esta línea insistió la defensa del procesado Juan José Bosch Tapies, quien aseguró que "los acusados eran víctimas de una trama política" urdida por los diferentes servicios de información del Estado, de la misma manera que se había urdido y responsabilizado a la CNT del atentado contra el restaurante Scala de Barcelona.

"Con el tema Papus se quiso empatar la extrema derecha con los anarquistas", aseguró el abogado. La defensa de Bosch denunció también la pasividad de la policía en el momento de investigar los hechos, y añadió que uno de los presuntos responsables, sobre el que hay orden de búsqueda y captura, vive tranquilamente en Madrid y le ha sido renovado hace poco el carné de identidad y el de conducir.

Los cuatro restantes abogados defensores eludieron el tema político y centraron la defensa en aspectos puramente técnicos y jurídicos, coincidiendo todos ellos en la falta de pruebas. Uno de los defensores puso especial enfásis en la necesidad de despolitizar el caso y recordó que aquello no era precisamente el proceso de Nurenberg.