Expulsados 60 militantes de FN del pleno municipal de Fuenlabrada

Un grupo de unos sesenta jóvenes, presuntos miembros de Fuerza Nueva, encabezados por el jefe comarcal de dicho partido, apellidado García Rivera, tuvieron que ser expulsados de Fuenlabrada por fuerzas de la Guardia Civil, después de protagonizar diversos incidentes en el transcurso de un pleno que el viernes celebraba el Ayuntamiento.A su vez, el pleno fue uno de los más conflictivos que se recuerdan en el pueblo. Comenzó a las 19.30 horas del viernes, continuó hasta la medianoche y se reanudó a las diez de la mañana del sábado. Finalizó a las dos de la tarde.

La expectación del vecindario viene motivada por el despido de trece trabajadores interinos municipales, que no aprobaron las oposiciones para entrar en plantilla. Los trabajadores en cuestión se encerraron días pasados en el Ayuntamiento, y desde el primer momento conta.ron con el apoyo de FN y un sector de los vecinos. En el capítulo de ruegos y preguntas volvió a salir el tema y originó una larga discusión, seguida con mucho interés por el público, que no cambió las cosas.

En el pleno, cada uno de los puntos tratados; dio lugar a interminables enfrentamientos entre los concejales de la izquierda, los ucedistas y el independiente Francisco Herrero, rnotejado de ultraderechista por los primeros. Aproximadamente a las 20.30 horas del viernes hicieron su aparición los jóvenes de FIl, que llegaron al pueblo en un autocar y desde su entrada en el salón de sesiones comenzaron a preferir insultos, principalmente contra el alcalde, y cánticos y vivas a Tejero y Blas Piñar. Expulsados del salón de sesiones, continuaron su actitud en el patio del colegio, hasta que la Guardia Civil les obligó a subir al autocar y abandonar el pueblo.

El pleno aprobó por unanimidad un embargo preventivo, cifrado en veinticicho millones de pesetas, aplicable a la inmobiliaria Farisa, que en su día no hizo entrega de los avales exigidos por la ley para garantizar sus compromisos de urbanización. Se aprobó también la modificación de una treintena de ordenanzas fiscales municipales y la cesión de terrenos para la construcción de cuarenta viviendas destinadas a miembros de la Guardia Civil, a cambio de que dicha institución ceda al municipio la propiedad de su casa-cuartel.