Pacto Gobierno-PNV sobre la ley de Autonomía Universitaria

El ministro de Universidades e Investigación, Luis González Seara, y el consejero de Educación del Consejo General Vasco, Carlos Santamaría, han firmado un protocolo «como resultado de las conversaciones habidas» entre ambos organismos para modificar el proyecto de ley de autonomía universitaria. El acuerdo altera de forma sustancial, en lo referido a las comunidades autónomas, el texto de esta ley, cuyo contenido motivó la retirada del Partido Nacionalista Vasco de las Cortes.El acuerdo incluye el texto detallado de doce artículos del proyecto, tal como deberán quedar redactados una vez cumplidos los trámites parlamentarios correspondientes, más un artículo adicional que indica expresamente que la Universidad de Bilbao será transferida a la comunidad autónoma vasca.

El nuevo articulado equipara prácticamente las competencias de la Administración central y la comunidad autónoma en cuyo estatuto esté incluida la enseñanza universitaria, y establece -artículo doce- que una comisión mixta integrada por representantes de ambas administraciones velará por el cumplimiento de las normas legales sobre la materia.

El artículo 90 establece que las universidades públicas dependerán del Estado y de las comunidades autónomas, mientras las privadas podrán ser reconocidas por el primero o por las segundas. El articulo 11º señala que las comunidades autónomas que hayan asumido estatutariamente competencias en materia universitaria podrán crear universidades asumiendo íntegramente su financiación mediante ley emanada de su órgano correspondiente. El régimen jurídico de estas instituciones estará constituido por la ley de autonomía universitaria, cuando sea directamente aplicable, las normas de la comunidad titular y los estatutos de la propia universidad.

El artículo 13º establece que para la creación de una universidad dependiente de una comunidad autónoma, la declaración pertinente sobre los requisitos podrá se formulada por el Gobierno de la propia comunidad. Si se trata de una universidad privada bastará para su autorización con una ley del Parlamento autónomo, previo informe favorable del Consejo General de Universidades.

La financiación de las universidades transferidas del Estado a una comunidad autónoma, el régimen económico y la política de becas de la misma será competencia de la comunidad autónoma cuando ésta haya asumido la financiación íntegra de la universidad en cuestión, según el artículo 23º. La aprobación de los estatutos de la universidad corresponderá a los órganos de gobierno de la comunidad autónoma en el caso de universidades que radiquen en el ámbito de una comunidad con competencia universitaria.

Preguntado por EL PAIS sobre este acuerdo Gobierno-PNV, el diputado y dirigente del PSOE Javier Solana mostró su indignación porque se haya pactado una ley de tal importancia entre el Gobierno y el partido vasco en el despacho de un ministerio. Solana añadió que, «por lo visto, va a ser necesario abandonar el Parlamento para que a un grupo se le puedan admitir las enmiendas que desee a los proyectos de ley que se elaboran».