La inversión de la Administración central no alcanza la mitad de lo previsto
El volumen de inversión real de los departamentos ministeriales no alcanzaba el 42% de las previsiones presupuestarias según estimaciones de la Intervención General del Estado, formuladas a finales del pasado mes de septiembre. Dentro de este bajo promedio inversor de los distintos ministerios, sólo tres rebasaban la mitad de sus asignaciones presupuestarias en los valores de inversión efectiva.
Estos datos difieren sensiblemente de los facilitados por la comisión interministerial que estudió el tema por encargo del vicepresidente Abril. Según el presidente de dicha comisión, Javier del Moral, el promedio de inversión real de la Administración se situaba en torno al 70% de sus posibilidades.La falta de realización inversora de los distintos departamentos ministeriales viene siendo habitual en los sucesivos ejercicios, con clara tendencia a incrementarse precisamente como consecuencia de la sucesiva acumulación de remanentes al principio de cada año presupuestario. Fuentes de la Administración suelen insistir en la incidencia en este sentido de la demora en la aprobación parlamentaria de las cuentas del Estado, así como de la aludida acumulación interanual, a la hora de valorar los desajustes entre las consignaciones presupuestarias y la ejecución real del gasto inversor. Los mismos medios se muestran reacios a manejar el concepto de eficacia en los departamentos ministeriales, aunque la evidencia de las cifras barajadas muestran claramente importantes desequilibrios entre la capacidad inversora de unos y otros ministerios.
Según los datos disponibles elaborados por la Intervención General del Estado, a finales del pasado mes de septiembre, el conjunto de los departamentos ministeriales habían invertido en conjunto sólo el 41,73% del total consignado presupuestariamente. Este porcentaje se refiere solamente a los gastos directamente efectuados por los ministerios, sin tener en cuenta las transferencias a organismos autónomos, respecto del total de consignaciones presupuestarias, incluidos los créditos extraordinarios y suplementos aprobados durante el desarrollo del ejercicio. Este porcentaje pudiera haberse elevado hasta el 44% en octubre, según los datos provisionales del Ministerio de Hacienda.
En lo que respecta al otro capítulo inversor, las transferencias de capital a organismos autónomos, el porcentaje de realización a finales de octubre estaría en torno al 65%. Los datos relativos a la efectividad real de las inversiones por esta vía no están disponibles, pero se estiman ligeramente por debajo del citado 65%. El incremento del volumen de inversión real respecto del pasado año es, para el conjunto de la Administración, del 9%, según estimaciones del Ministerio de Hacienda.
La distribución de las inversiones por ministerios es muy desigual. Para el presente ejercicio, los respectivos porcentajes de realización inversora son -ordenados de mayor a menor- los siguientes: Industria y Energía (73,33%), Transportes y Comunicaciones (62,72%), Agricultura (51,87%), Defensa (43,63%), Obras Públicas y Urbanismo (39,01%), Hacienda (34,95%), Presidencia (34,39%), Comercio y Turismo (31,26%), Interior (23,84%), Justicia (23,26%), Cultura (22,44%), Asuntos Exteriores (20,35%), Educación y Ciencia (19,75%), Trabajo (18,46%), Economía (12,82%) y Sanidad y Seguridad Social (7,33%). Se observan los bajos niveles alcanzados por los departamentos con mayor tradición y capacidad inversoras, como son Obras Públicas, Educación y Ciencia y Trabajo, así como el ínfimo nivel del de Sanidad y Seguridad Social que, unido a otras particularidades del departamento, se comenta por sí solo.
Los bajos niveles de inversión real de los ministerios han sido comentados con preocupación por los máximos responsables de la política económica gubernamental. A instancias del vicepresidente económico, Fernando Abril, se constituyó el pasado verano una comisión interministerial encargada de detectar las posibles insuficiencias de gestión de los departamentos más inversores. El diagnóstico de esta comisión parece que fue desfavorable para la mayor parte de los ministerios, aunque los porcentajes de realización filtrados fueron situados en torno al 70%, muy por encima de los que evidencian los datos elaborados por la Intervención General del Estado.
Las previsiones de los órganos competentes de la Administración indican que, en el mejor de los casos, un 40% de las consignaciones presupuestarias en materia de inversión quedarán sin cubrir a finales del presente ejercicio. Este volumen de inversión potencial pasaría automáticamente a engrosar las consignaciones correspondientes a 1980. Algunos expertos, especialmente en medios de la oposición parlamentaria y círculos empresariales privados, contemplan con preocupación este fenómeno, por las posibilidades que comporta al poder político para instrumentar un relanzamiento ficticio de la actividad económica en los primeros meses del próximo año; relanzamiento, cuyo efecto inflacionista se considera altamente peligroso en la actual coyuntura. Otros medios, sin embargo, insisten en señalar que tal decisión sería difícilmente materializable, dada la probada ineficiencia del aparato administrativo en materia inversora, cuyo efecto más inmediato es la sucesiva acumulación de desajustes entre la inversión real y las cantidades consignadas presupuestariamente a tal fin.
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