Los miembros de UCD en el Consejo Permanente, contra el frenazo autonómico

El Consejo Permanente de la Junta de Andalucía considera irrenunciable el calendario autonómico aprobado en el pleno de Almería, en virtud del cual, el referéndum de ratificación deberá celebrarse el próximo 28 de febrero, y las elecciones al Parlamento andaluz habrán de convocarse antes de que termine 1980. Los consejeros centristas han coincidido, pues, con las posturas de la izquierda (véase EL PAIS de ayer) de oponerse rotundamente a un hipotético frenazo a la autonomía andaluza propiciado por altas instancias de UCD.

Para confirmar su posición, el Consejo Permanente ha decidido convocar para el 2 de diciembre, con motivo del Día de Andalucía, manifestaciones masivas en las ocho provincias andaluzas, en las que el pueblo y sus instituciones políticas, sociales y ciudadanas expresarán claramente su voluntad de autogobierno. En medios políticos se considera que esta convocatoria supone un auténtico «pulso entre la Junta preautonómica y los sectores gubernamentales partidarios de ralentizar los procesos autonómicos".De hecho, la Junta continúa sus preparativos para la celebración del referéndum del 28 de febrero, y el Consejo ha acordado la creación de tres equipos de trabajo para organizar la consulta: uno técnico (subdividido en grupos de contabilidad y finanzas, medios de comunicación, encuestas y técnica electoral), otro jurídico y otro político, constituido por el propio Consejo Permanente como tal. Previamente, y en fecha próxima, se realizará una encuesta de opinión, encaminada a conocer el estado de ánimo del ciudadano andaluz sobre la autonomía.

Entre los acuerdos del Consejo relacionados con este tema, destacan asimismo la decisión de pedir el voto en el referéndum a los emigrantes andaluces en Cataluña, País Vasco y otras zonas, incluso en los casos en que, por estar censados allí, su sufragio sea jurídicamente nulo, y la petición al Gobierno de que se haga cargo de los gastos derivados de la campaña del referéndum, calculados en setecientos millones de pesetas, y facilite la utilización, por la Junta, de los medios de comunicación estatales para garantizar el éxito de la consulta.