"Es anticonstitucional la intervención del Gobierno en la huelga de CAMPSA"

«El decreto sobre garantías en el régimen de prestación de los transportes marítimos de CAMPSA es claramente anticonstitucional, porque supone en la práctica una limitación del derecho de huelga establecido en la Constitución según ha hecho público el secretariado confederal de CC OO.

El decreto fue publicado ayer en el BOE y dispone que, en base a la protección debida a la seguridad del Estado, «las situaciones de huelga que afecten al personal de la compañía se entenderán condicionadas a la necesaria continuidad y regularidad de los transportes marítimos de suministro y distribución de derivados del petróleo»; y a tal efecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fijará, con un criterio estricto, los buques y personal que considere imprescindibles para realizar los mencionados servicios. El decreto entró en vigor ayer mismo.Considera CC OO que esta intervención del Gobierno en el conflicto hurta competencias a la Magistratura y a los tribunales, que son los únicos que pueden determinar la ilicitud o no de una huelga y, en consecuencia, la procedencia o improcedencia de las sanciones que deban imponerse.

La dirección de la compañía ha manifestado a EL PAÍS que no tiene intención de aplicar esta normativa, a menos que sea de todo punto necesario.

Durante la jornada de ayer permanecieron en huelga veintiséis buques, once trabajaron y otros seis navegaban; según fuentes de CAMPSA, los buques en paro totalizan 187.248 toneladas de registro bruto (el 46% del total), y los que trabajaban suponían el 54% (221.254 toneladas). Es decir, que los barcos que trabajaban son los más grandes.

Representantes de 15 trabajadores se reunirán esta tarde con directivos de CAMPSA en la Dirección General de Transportes Marítimos, para estudiar una posible solución al conflicto; después, el comité de empresa decidirá su postura.