Refomar la Administración, no el Gobierno

Los cerebros pensantes y dirigentes de UCD -y en consecuencia del actual Gobierno- vienen trabajando activamente en las últimas semanas en la elaboración de una serie de estudios para dotar de nueva estructura al ejecutivo. La base de estos estudios no es otra que la configuración administrativa de los países a los que UCD considera debemos aproximarnos; concretamente Francla y la República Federal de Alemania. Ni qué decir tiene que los ucedistas se sienten muy seguros de su triunfo en las urnas.En la recta final de la anterior convocatoria electoral, el primer Gabinete Suárez ya elaboró una reforma administrativa cuya ¡mprovisación ha quedado bien patente. Muchos de los problemas -no previstos- provocados por aquella reestructuración persisten todavía, yugulando en cierto modo la actividad de algunos departamentos, especialmente en sus órganos periféricos. Junto a la incapacidad de algunos ministros, es preciso contabilizar la ineficacia de una estructura en cuyo planteamiento pesaron más las apetencias de los ministrables que el estudio ponderado de las necesidades del país.

La reforma de la Administración es, sin duda, uno de los retos más importantes con que -a corto plazo- debe enfrentarse este país. Se ha repetido hasta la saciedad que padecemos la más cara e ineficaz de las Administraciones del mundo civilizado, con un colectivo funcionarial desmoralizado y mal retribuido y una proliferación de cuerpos y cuerpecillos en perpetua emulación de los «reinos de taifas». Y si resulta obvio que la décima potencia industrial del mundo no puede soportar tal aparató, no es menos cierto que el esfuerzo fiscal en el que gran parte de la sociedad está inmersa reclama una contrapartida de gasto racional, eficaz y controlado.

Los rumores de las últimas semanas señalan la existencia de proyectos de remodelación administrativa. Se ha hablado de reducción de puestos ministeriales, de cambios de rango, de fusiones de unos departamentos, de emancipaciones de otros, de, superministerlos y secretarías de Estado por doquier. Pero nadie ha aludido a un proyecto racional de lo que estimamos previo: el estatuto de la función pública. Es decir, la definición exacta del decálogo de derechos y obligaciones de los responsables e integrantes de una Administración que -resulta casi ocioso decirlo- esté auténticamente al serviclo del Estado y la colectividad.

Ubicar la pesca -por citar un ejemplo- en este o aquel ministerio resulta casi trivial si se valora en el conjunto del problema. Como se antoja frívolo poner el acento sobre el número de asientos del Gabinete. Lo importante, lo trascendente para el futuro devenir económico de este país es lograr una Administración eficaz, racional y a su justo coste, como primer paso para sanear todo el sector público. Ese es el auténtico reto de futuro, al que el Gobierno que resulte de las próximas elecciones deberá hacer frente. Justo es decir que UCD ha evidenciado escasa capacidad y los restantes partidos no han practicado más que demagogia.