Regulada la situación de los funcionarios públicos parlamentarios

La Comisión de Urgencia Legislativa de las Cortes, presidida por su titular, Antonio Hernández Gil, apreció ayer la urgencia de tres reales decretos-ley, relativos, respectivamente, a la situación administrativa de los funcionarios públicos que son parlamentarios; facilidades para acogerse a los beneficios de la ley reguladora del cuerpo de mutilados de guerra, y elevación a 170.000 millones de pesetas de la cifra máxima de autorización al Gobierno para que emita cédulas para inversiones.El primero de los decretos-ley citados establece que los funcionarios de carrera de la Administración civil del Estado, de la Administración de justicia -a excepción de los pertenecientes a las carreras judicial y fiscal-, de la Administración local, de los organismos autónomos dependientes de una u otra y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social que accedan a la condición de miembros del Congreso de los Diputados o del Senado podrán optar por acogerse a la situación de excedencia especial, a partir del momento en que acrediten formalmente su condición de parlamentarios.

El decreto-ley dispone también que las relaciones de servicios de los funcionarios de empleo, así como las basadas en contratos administrativos de colaboración temporal y en contratos laborales concertados con cualquiera de las administraciones públicas, quedarán suspendidos durante la vigencia del mandato parlamentario de los afectados y volverán a tener todos sus derechos al cesar el mismo.