No se destruirán todos los archivos policiales

Personal de la Dirección General de Seguridad y de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior y de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos procederá, al «análisis de cuantos datos, antecedentes y documentos relativos a actividades y organizaciones políticas y sindicales legalmente reconocidas» existan en los archivos de las dos direcciones generales para «declarar su inutilidad administrativa y seleccionar los que, por su valor histórico, deban conservarse».Esta decisión sobre el contenido de los archivos policiales se incluye en una breve orden del Ministerio, de la Presidencia que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado.

La misma orden establece que se fijarán los centros en los que queden depositados los documentos que se seleccionen y los plazos durante los cuales las series documentales seleccionadas para su. conservación no podrán consultarse.

El anuncio de la destructión de los archivos policiales provocó inquietud en medios intelectuales, por lo que supondría de ataque a la labor de los historiadores que intentasen reconstruir la historia política de los últimos años.

La comisión gestora de la Asociación Sindical del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos hizo público un documento en el que manifiesta «su más enérgica protesta» ante aquella decisión, por entender que se destruirían fuentes irreemplazables para reconstruir la historia de nuestro tiempo.

La nota concluía llamando la atención sobre «el destino que pueda esperar a muchos archivos de organismos y entidades públicas que han desaparecido en el actual, proceso político del país y que también forman parte del patrimonio histórico de los españoles».

La misma comisión difundió ayer otra nota que manifestaba «públicamente nuestra satisfacción por este acuerdo», agradecen a la prensa la sensibilidad que mostró hacia el problema y confían en, que la decisión del ministro del Interior «sirva de estímulo y ejemplo para evitar la destrucción de archivos de los organismos políticos y administrativos desaparecidos o reformados como consecuencia del proceso democrático que actualmente estamos protagonizando».