Los ex militares de la UMD, principal escollo para un acuerdo total sobre amnistía

A pesar de las dificultades surgidas, sobre todo en el tema de la amnistía militar, hoy puede llegarse a obtener un texto conjunto sobre la amnistía por parte de todos los grupos parlamentarios -excepto Alianza Popular que ayer rehusó de nuevo incorporarse a la comisión encargada de redactarlo- que desde el pasado lunes vienen reuniéndose en el Congreso con esta finalidad. El escollo mayor, según fuentes de la comisión, consiste en los treinta ex militares represaliados por pertenecer a la UMD. A este respecto, se sabe que ha sido rechazada una propuesta de los partidos de izquierda que consistía en la reintegración al Ejército de los citados ex ministros, pero sin asignarles destino.Respecto a los militares separados por su fidelidad a la República parece que existe el acuerdo de reconocerles el grado que ostentaban en el momento de su separación, así como los trienios devengados desde entonces. Los miembros de la comisión, al final de su reunión de seis horas de ayer, acordaron consultar sobre los puntos pendientes de acuerdo con los responsables de sus respectivos grupos parlamentarios.

Los temas sobre los que ayer se centró el trabajo de la comisión fueron los que en la reunión del martes se habían mostrado más conflictivos. De ellos, la amnistía laboral aparecía como de más fácil solución, mientras que la amnistía militar se presentaba corno irresoluble.

A pesar de estas principales dificultades, la comisión avanzó en su consenso, gracias a la postura flexible de la mayoría de los asistentes. Alguno de los representantes de la izquierda atribuyó, en parte, el clima creado a la presencia por parte gubernamental de dos personas como Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona (subsecretario de Justicia) y Rafael Arias Salgado (subsecretario de Relaciones con las Cortes), de talante comprensivo y de trayectoria política democrática.

Una de las propuestas que estuvieron sobre la mesa de negociaciones fue la de sustituir la referencia a los «propósitos desestabilizadores» por la alusión a que quedarían excluidos de la amnistía los miembros de organizaciones de dudoso carácter político o abiertamente antidemocráticas.

Sobre la amnistía laboral se estudió la posibilidad de realizar una invitación a las empresas para que readmitan a sus represaliados, siendo a cargo de la Seguridad Social los gastos Sociales que esto implique.

Más dificil fue el planteamiento de la amnistía militar. El diputado socialista Julio Busquets (antiguo miembro de la UMD) había señalado que, en este caso, no cabe la analogía con la amnistía laboral, ya que lo que se pierde no es el puesto de trabajo, sino el oficio mismo, al quedar, por motivos políticos, separados del Ejército.