El planeamiento de la región se someterá a la opinión pública

El presente y el futuro del Area Metropolitana pasan por la reforma del Reglamento del Area, las directrices de participación pública y la información a parlamentarios.Los criterios a seguir han de responder a la adecuación actual de la Coplaco a la nueva organización de departamentos ministeriales, a la adaptación de su Reglamento a la vigente ley del Suelo y a la potenciación de sus facultades (hoy muy limitadas en algunos aspectos, como, por ejemplo, en su capacidad ejecutiva antelas infracciones, limitada a informar, aunque, como fue reconocido por el delegado, siempre queda el camino de la denuncia ante el juzgado de guardia, camino poco practicado hasta ahora).

La forma tradicional del planteamiento tecnocrático ya no es viable: se hacían planes teóricos sin apoyatura política y se sacaban los temas a información pública cuando ya estaban zanjados desde tiempo antes», informó el señor Terán, que a nadió: «La nueva idea debe plantearse el urbanismo a escala regional o, incluso, nacional. Para ello deben participar todas las fuerzas sociales. Por eso se ha rogado al Gobierno que amplíe el plazo para dicha reforma. La situación actual carece aún de la suficiente democratización como para ejecutar este asunto. Como medidas preparatorias, y a corto plazo, se pretende someter a la opinión pública un informe de política territorial en el que se viertan los conocimientos que se tienen sobre la región; otro parecido sobre cómo debe ser el gobierno de ese territorio, pues si Coplaco fue una innovación en 1963 hoy está desfasada, y un informe sobre equipamientos, transportes, etcétera.»

Este programa, no perfilado aún, podría interpretarse como simple artificio ante las elecciones municipales. El delegado del Gobierno dijo: «No estamos aquí para divertirnos, y nuestro ministro, que es el que menos habla y el que más manda, quiere política de realidades. »

Seguidamente, el director. de planeamiento informó sobre el programa de redacción de planes parciales, mediante el que se pretende proporcionar, ayuda técnica y financiera -reversible- a los ayuntamientos -treinta de ellos en principio- para edificar en suelo calificado al efecto según las normas vigentes, atendiendo a un máximo de calidad y evitando la retención del suelo ligada a la especulación.