España compra demasiada tecnología extranjera
España es, desde hace quince años, uno de los más importantes compradores mundiales de tecnología, según asegura una ponencia de un grupo de becarios y contratados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presentada en las primeras jornadas internacionales de investigación humanística.Según los ponentes, el hecho es grave ya que no se pone remedio, ni siquiera a largo plazo, para corregir la grave distorsión económica de lo que son síntomas nuestro 0,33 %del PNB (producto nacional bruto) dedicado a la investigación, lo que supone la cifra más baja de todos los países de la OCDE, más baja incluso que las de Islandia y Portugal. Consideran que el modelo de desarrollo español es típico de un país en el que las fuerzas económicas han optado por una alternativa de máxima ganancia a corto plazo, a costa del endeuda miento con el gran capital exterior, norteamericano, fundamentalmente.
Los becarios y contratados exponen en su ponencia que la investigación no tiene prácticamente incidencia en el proceso productivo del país, afirmando que la cifra efectiva anual que el Estado dedica a la investigación no tiene que ver con las necesidades reales previamente evaluadas, sino que, es en la práctica, el resultado de rebañar lo que queda en los grandes presupuestos, por todo lo cual la incidencia de las investigaciones realizadas en el Consejo puede disminuir nuestro déficit por pagos tecnológicos.
Para resolver este grave problema, los becarios y contratados proponen un cambio radical en perspectiva acerca de lo que significa la formación de personal investigador. El único criterio objetivo que debe guiar la formación de personal investigador, según ellos, es el definido por las necesidades que tiene el país de dicho tipo de personal. Se declaran también partidarios de la supresión del funcionariado como única vía hasta la estabilidad en el trabajo investigador. Los puestos estables de investigación que se creen en el futuro deberían responder a la fórmula del contrato, quedando los actuales cuerpos vitalicios como categoría a extinguir, con normas para que estos contratos permitan garantizar la estabilidad.
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