Seguridad Social de los funcionarios y sociedades médicas

Don Juan A. Alonso Puertas se muestra disconforme con don Ciriaco de Vicente en el tema de la «Seguridad Social de los funcionarios públicos». Sin ánimo de terciar en la polémica, me permito discrepar del señor Alonso sobre lo beneficioso que resulta el haber contratado la asistencia médica de los funcionarios con unas sociedades mercantiles.

En primer lugar debo señalar y no es una opinión personal porque fue aprobado en la la Asamblea General de Funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia, al que pertenezco, que los funcionarios desean que la MUFACE «tenga un carácter democrático y representativo, denunciando su autoritaria constitución y funcionamiento».

Como consecuencia de ello, los funcionarios hemos sido ajenos al proceso de entrega de nuestro derecho a la salud a unas determinadas sociedades médicas.

La única política sanitaria sensata, a mi juicio, hubiera sido crear por parte de la MUFACE una red sanitaria propia integrada y coordinada con la Seguridad Social. La salud de los funcionarios no puede ni debe ser objeto del tráfico mercantil de unas sociedades privadas.

Por otra parte, si la Seguridad Social alcanza a todo el país, los igualatorios han tenido en muchos casos que improvisar y subcontratar el servicio, con lo que gran parte de los funcionarios (pensemos en el Magisterio Nacional) han visto subarrendada su Seguridad Social.

También sería muy interesante conocer quiénes son los titulares de los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles y mediante qué procedimiento han sido seleccionadas unas determinadas compañías.