La Fiscalía apunta a Bartomeu por tres operaciones: el fichaje de Malcom, la minuta a un abogado y pagos indebidos por el ‘Espai Barça’

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu tendrá que dar explicaciones, en su declaración como investigado el próximo mes de octubre, sobre al menos tres operaciones bajo sospecha. La Fiscalía de Barcelona señala a Bartomeu por tres pagos millonarios que el club abonó de forma supuestamente indebida y sin el conocimiento de la junta directiva durante su mandato: una intermediación por el fichaje del brasileño Malcom, la minuta de un abogado por la sentencia en la que el Barça aceptó haber cometido fraude fiscal en el fichaje de Neymar, y el regalo de 1,5 millones de euros a un club deportivo, el Laietà, por supuestas afectaciones en el proyecto de Espai Barça, que incluye la reforma integral del Camp Nou, aún en marcha.

La querella de la Fiscalía, a la que ha accedido EL PAÍS, señala que Bartomeu “omitió el deber de diligencia y lealtad” con el club y “usurpó” decisiones que debería haber adoptado la junta directiva sobre una serie de desembolsos que acabaron causando un perjuicio económico a la institución. El ministerio público atribuye a Bartomeu un delito continuado de administración desleal, el mismo que atribuye también a diversas personas de su confianza en el club que dirigió de 2014 a 2020.

La causa contra Bartomeu fue iniciada con una denuncia interpuesta por el actual presidente, Joan Laporta, que encargó un informe económico sobre la gestión de su antecesor. El club puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que encargó una investigación a los Mossos y presentó una querella que, finalmente, recayó en el juzgado de instrucción número 16 de Barcelona. El juez ha estado investigando bajo secreto de sumario los hechos contenidos en la querella, a la que ha accedido este diario.

Una de las tres operaciones presuntamente irregulares que la Fiscalía atribuye a Bartomeu es el fichaje del brasileño Malcom, en 2018, por 41 millones de euros. Con posterioridad a que el fichaje se hubiera cerrado, el jugador y la sociedad Elenko Sports firmaron un acuerdo para remunerar a los intermediarios en la operación con diez millones de euros. En una reunión posterior, responsables del club acordaron que el Barça pagaría 855.600 euros a la sociedad Elenko también las labores de intermediación. Pero, como el club no había firmado en realidad ningún contrato con esa empresa, tuvo que presentar más tarde una declaración de Hacienda complementaria que supuso el pago de recargos e intereses. La operación acabó suponiendo un perjuicio económico para el club.

Bartomeu “omitió los deberes de diligencia y lealtad” en relación con “un patrimonio que le era ajeno” al autorizar los pagos. El expresidente, también investigado en el caso Negreira (que indaga los pagos millonarios del club al ex número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira) y en el caso Barçagate (sobre los pagos, también indebidos, para promocionar su imagen y atacar a rivales por la presidencia) “usurpó” una capacidad que correspondía a la junta directiva. Esas acusaciones las reproduce la Fiscalía para las otras dos operaciones bajo sospecha.

La Fiscalía alude también al pago de 1,7 millones de euros, supuestamente indebidos, a un abogado penalista de Barcelona, José Ángel González Franco, que había cerrado un acuerdo de conformidad por fraude fiscal en el caso Neymar. En virtud de ese acuerdo, el Barça acabó aceptando su responsabilidad como persona jurídica. Fuentes cercanas al letrado señalan que se trató de un sucess fee, una remuneración por el éxito obtenido en aquella causa: el club aceptó dos delitos fiscales y pagó una multa de 5,5 millones de euros, cuando la que solicitaba inicialmente la Fiscalía era de casi 70 millones. La Fiscalía señala que ese pago “podría haber servido”, en realidad, para abonar la defensa jurídica de Bartomeu en esa misma causa, que también llevó González Franco. Y asegura que el pago se hizo “sin que el abogado hubiese intervenido en la conformidad” pactada, algo que las mismas fuentes niegan de forma tajante.

La tercera operación tiene que ver con las obras del Camp Nou en marcha. El Ayuntamiento de Barcelona aprobó, en julio de 2017, una modificación del plan metropolitano en lo que suponía el inicio del proyecto Espai Barça. En unos terrenos que no estaban afectados por el plan se encontraban las instalaciones del Club Esportiu Laietà, que promueve actividades deportivas, y una fundación del mismo nombre. Bajo los auspicios de Bartomeu, el Barça acabó pagando 1,5 millones de euros al club por las supuestas “molestias” que iban a causarle las obras y por supuestos “servicios” prestados a empleados del club. El expresidente no explicó a la junta los motivos de ese desembolso, que según la Fiscalía constituye un “injustificado trato de favor” al club, ya que sus terrenos “no estaban afectados” por la reforma.