El expresidente del Club Laietà defiende la legalidad de unos pagos del Barça en época de Bartomeu

El expresidente del Club Laietà, Domingo Goenaga, ha defendido este jueves la legalidad del pago de 1,5 millones de euros del FC Barcelona a la entidad en 2019. El Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona investiga esa transacción en una de las causas judiciales que acechan al exmandatario azulgrana Josep Maria Bartomeu por el supuesto pago irregular de comisiones denunciado por la actual junta del Barça liderada por Joan Laporta. En una declaración de algo más de una hora, Goenaga, de 84 años, ha indicado que el cobro respondía al mandato de una asamblea del club de 2017, que reclamó compensaciones por el impacto de las obras de demolición del Mini Estadi, y ha rechazado que Bartomeu participara directamente en las negociaciones.

Goenaga ha defendido que tenía el mandato de los socios del Laietà de negociar una compensación mínima de 1,5 millones de euros, una vez se supo que las obras, inicio del proyecto del Espai Barça que comprenden la remodelación del Camp Nou, iban a afectar al club de tenis. La dirección de la entidad advirtió al Barcelona que, de no haber acuerdo, presentarían alegaciones e impugnarían la modificación del Plan General Metropolitano, lo que iba a retrasar el cronograma del club. Para evitarlo, la junta del Barcelona decidió negociar, primero a través de Xavier Gómez, y finalmente, para cerrar los flecos, con el directivo Jordi Moix, que fue quien cerró el acuerdo, según ha explicado Goenaga.

El pago al Laietà fue uno de los tres que afloró la firma especializada en informes forenses Kroll, contratada por el Barcelona cuando ganó las elecciones Laporta. Sus conclusiones fueron derivadas a la Fiscalía para que esta investigara posibles pago ilícitos, que ahora están instruyéndose en los juzgados. La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona calcula que se produjo un perjuicio para el club de 30 millones de euros.

Además de Bartomeu también constan como investigados en esta causa los exdirectivos Jordi e Ignacio Mestre, Òscar Grau (que fue director general) y Román Gómez Ponti (responsable de los servicios jurídicos).

Además de las transacciones económicas con el Laietà, también están siendo investigadas las comisiones pagadas por el jugador brasileño Malcom, por el que se pagaron 41 millones de euros en 2018, y otro pago a un abogado por la sentencia en la que el club aceptó haber cometido un delito de fraude fiscal en el fichaje de Neymar. Las sospechas de la Fiscalía apuntan a un delito continuado de administración desleal.

En el caso del jugador Malcom, la Fiscalía sostiene que el club pagó a la empresa Elenko Sports, que había colaborado con el jugador pero no con el club en el momento del fichaje. Asimismo, está bajo sospecha el pago de 1,7 millones de euros al abogado José Ángel González Franco, que habría cerrado un pacto de conformidad por fraude fiscal en el caso Neymar, por el que pagó 5,5 millones de euros. La acusación pública sospecha que ese pago podría encubrir la defensa jurídica del expresidente del Barcelona.

La causa de las comisiones se añade a las otras dos que tiene abiertas en los juzgados el expresidente del Barça: el del Barçagate, una campaña para perjudicar a través de las redes sociales a los rivales de Bartomeu, y el del caso Negreira, por el pago del club al que fue el número dos de los árbitros españoles.