Una quincena de promotores pide a la Fiscalía que investigue la adjudicación del Ayuntamiento de Sevilla al Festival Icónica en la Plaza de España

Dieciséis promotoras musicales que en julio denunciaron la falta de transparencia por parte del Ayuntamiento de Sevilla en la adjudicación y renovación del contrato que permite usar la Plaza de España para la celebración del festival Icónica han pedido este martes a la Fiscalía Anticorrupción que investigue las presuntas irregularidades que consideran que se esconden detrás de la cesión y explotación de ese enclave a favor de la empresa que gestiona ese certamen musical, Green CowMusic S. L. En su escrito, de acuerdo con la nota de prensa que han facilitado, indican que se podrían haber cometido supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, uso indebido del patrimonio público, fraude en la contratación o tráfico de influencias, entre otros.

Los denunciantes quieren que se investigue la adjudicación por parte de la empresa municipal Contursa a Green CowMusic del uso de la Plaza de España, un espacio público catalogado como BIC, recalcan, para la celebración del festival Icónica durante cinco años (2021 a 2025) y su prórroga, anunciada en mayo por el Consistorio, por otros seis años más “sin concurso, concurrencia ni publicidad, a pesar de que otros promotores culturales de reconocida solvencia han solicitado la misma plaza en 2022, 2023 y 2025”, dicen en la nota. En los últimos meses, las promotoras habían acudido al Consejo de Transparencia y al Defensor del Pueblo para forzar al Ayuntamiento hispalense a que les facilitara los expedientes administrativos firmados entre la administración municipal y la empresa que organiza el festival.

Los promotores aportan el volumen de negocio que se ha generado en los últimos años con un festival que se ha convertido en el tercer evento por impacto económico de la ciudad de Sevilla, por detrás de la Semana Santa y la Feria de Abril. Calculan que podrían ser 50 millones de euros. Una cantidad que proyectan a los 150 millones de euros, si se cuentan los años de prórroga. “Cifras importantes para que la Fiscalía valore la magnitud económica de los hechos denunciados”, defienden en la nota. También sostienen que en este tiempo el Ayuntamiento “ha podido dejar de ingresar hasta cinco millones de euros”, de los que, “en consecuencia, se ha beneficiado GreenCow”, en concepto de “canon o alquiler no abonado por la falta de concurrencia, competencia y ausencia de un estudio de mercado por parte municipal” que justifique la tasa pactada por ambas partes, y que los denunciantes cifran en 4.000 euros por alquiler cada día de concierto, “cuando en el sector se paga hasta 12 veces más por otros espacios culturales similares en capitales de provincia con mitad de aforo”.

Fuentes de la empresa que desarrolla Icónica han declinado hacer declaraciones hasta saber cuál es la decisión de la Fiscalía y, en todo caso, subrayan que la denuncia se interpone contra el consistorio sevillano.

En la denuncia también se llama la atención sobre la oferta que una de las promotoras que firma el escrito realizó al Ayuntamiento para organizar un evento similar a Icónica en la Plaza de España durante el verano de 2026, por un total de 600.000 euros, y que no obtuvo respuesta por parte del Gobierno municipal.

Los promotores también cuestionan la decisión el Consistorio hispalense de regular a través de una ordenanza las actividades de carácter efímero, como las culturales o recreativas, que sean de interés general y puedan desarrollarse en la Plaza de España. Es la opción por la que se ha decantado el equipo de gobierno municipal para determinar “la tipología de usos a desarrollar, su planificación, periodos máximos de ocupación, así como su régimen de autorización, teniendo en cuenta la singularidad del espacio y su nivel de protección patrimonial”, y que ahora se encuentra en fase de consulta pública.

En el comunicado difundido, los denunciantes consideran que una ordenanza municipal “no es ni puede ser el instrumento jurídico idóneo para resolver la situación creada, especialmente cuando existen varios interesados en el mismo bien público”. Los promotores consideran que cuando un espacio público se explota con ánimo de lucro y carácter continuado, la ley exige una concesión administrativa y la obligación de convocar un concurso público y que una ordenanza “no elimina el riesgo de favoritismo al permitir solicitudes”. “Anunciar ahora una ordenanza, después de seis años de cesiones sin procedimiento, equivale a intentar justificar retroactivamente lo injustificable”, abundan.

La nota concluye con el deseo de las empresas promotoras de que Anticorrupción esclarezca los hechos y depure responsabilidades, “y que todos podamos saber quiénes están detrás y las razones económicas y beneficios de tantas presuntas irregularidades y delitos en los que se insiste en el tiempo desde el Ayuntamiento de Sevilla”, en relación con el festival Icónica.