Urge una gestión profesional y pública de la Mezquita de Córdoba

El grave incendio del pasado viernes, 8 de agosto, en la Mezquita-Catedral de Córdoba ha abierto serios interrogantes sobre el protocolo de seguridad y el modelo de gestión de un monumento Patrimonio Mundial de la Unesco. A falta de un informe pericial que determine las causas exactas del siniestro, todo parece indicar que su origen se localiza en una barredora eléctrica almacenada junto a material de limpieza y numerosas sillas de madera apiladas en una capilla situada en la nave de Almanzor, en el flanco oriental del edificio.

Usar una capilla histórica de alto valor patrimonial como almacén ya es una decisión cuestionable. Mucho más si el material almacenado es inflamable o, como es el caso, integra artefactos eléctricos susceptibles de prender, tal como han alertado diversos expertos en estos días. Baste recordar que las compañías ferroviarias prohíben el acceso a los trenes de patinetes eléctricos precisamente por el alto riesgo de incendio de sus baterías.

Esta no es la única capilla que se utiliza de forma inadecuada como almacén. También la Capilla Real y otras dependencias de indiscutible valor artístico. Y así lo viene denunciando la Plataforma Mezquita-Catedral desde hace años en numerosos informes presentados ante la Junta de Andalucía. La Iglesia católica, actual administradora del conjunto monumental, dispone de decenas de inmuebles alrededor de la Mezquita, además de naves en polígonos industriales, aptos para almacenar todo este material potencialmente peligroso.

El propio deán ha admitido que ya tenía previsto dos locales a cien metros de la mezquita para depositarlo. La pregunta, entonces, cae por su propio peso: ¿era preciso esperar a un incendio devastador para hacerlo? También ha anunciado la inminente instalación de un innovador dispositivo de agua nebulizada idéntico al desarrollado en la catedral de Notre Dame de París. Se trata, desde luego, de una medida extraordinaria. Mucho más si se hubiera implementado antes del lamentable incendio.

Nadie está libre de sufrir desgraciados accidentes con consecuencias imprevisibles. No existe el riesgo cero. Pero siniestros como el de la Mezquita-Catedral deben servir para revisar los protocolos de seguridad diseñados y, sobre todo, el modelo de gestión de uno de los conjuntos monumentales más excepcionales del planeta.

Esta es una cuestión nuclear. Estamos ante un edificio complejo dotado de dos dimensiones perfectamente diferenciadas: una dimensión litúrgico-religiosa y otra muy distinta de carácter histórico-patrimonial. Es evidente que la primera debe ser gestionada por el Cabildo catedralicio. Son los canónigos quienes conocen la dinámica del culto y sus modos de organización. Nada que objetar al respecto. La dimensión cultural e histórica del monumento, en cambio, debe quedar bajo supervisión y control de profesionales en gestión patrimonial. Hablamos de valores científicos y divulgativos de enorme trascendencia a cuyo acceso los ciudadanos tenemos pleno derecho sin interferencias.

Lo que ocurre hoy en la Mezquita-Catedral es una confusión indeseable de funciones con un resultado nefasto para el uso y disfrute del monumento. La Iglesia católica no solo se apropió ilegítimamente de la titularidad de un bien de dominio público, sino que también acaparó en exclusiva su gestión. Y lo que es peor: sometió la dimensión histórico-patrimonial del conjunto a una visión exclusivamente católica.

El resultado es un formidable monumento universal invadido permanentemente de iconografía litúrgica, exposiciones sin control y abundante material escenográfico, todo ello destinado a disfrazar la huella originaria andalusí, aun a costa de perturbar gravemente la lectura histórica de un espacio único. Si un experto en gestión patrimonial no debe subirse a un altar a oficiar misa, no entendemos por qué un canónigo debe administrar un conjunto arquitectónico.

La presunta negligencia de la capilla-almacén debe enmarcarse, por lo tanto, en estas coordenadas. Es decir: en la ausencia de profesionalidad en la administración del conjunto monumental. El flamante Plan Director de la Mezquita-Catedral, elaborado por el Cabildo catedralicio, otorga al Consejo de Fábrica el control técnico del monumento. ¿Y quién forma parte del Consejo de Fábrica? El Cabildo catedralicio. Exactamente, lo contrario de lo que recomienda la Unesco para la gobernanza de los monumentos del Patrimonio Mundial: órganos participativos que integren a los administradores del bien, las instituciones públicas, las universidades y la sociedad civil.

Todas estas recomendaciones han sido desoídas tozudamente por la Iglesia católica. Y, lo que es más grave, con la anuencia de las instituciones públicas. La pasividad, cuando no connivencia, de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura ha sido, y sigue siendo, bochornosa. Las dos administraciones guardan en sus cajones decenas de informes y quejas de la Plataforma Mezquita-Catedral desde que hace 10 años levantáramos la voz para denunciar la apropiación del monumento y el secuestro identitario de su prodigiosa historia.

Llama poderosamente la atención el silencio inquietante de los dos arquitectos conservadores de la Mezquita-Catedral en estos días aciagos. Un síntoma más de que nuestro patrimonio histórico está en manos de sacerdotes en lugar de profesionales. Y este no es un dato cualquiera. Con la declaración de la Mezquita de Córdoba como Monumento Nacional en 1882, el Estado nombró a un arquitecto conservador que gestionaba la dimensión patrimonial del edificio de forma autónoma. Así fue hasta los años ochenta del siglo XX. Desde las transferencias autonómicas, y por razones no suficientemente explicadas, los arquitectos conservadores trabajan a sueldo de la Iglesia católica. Y ese no es un hecho menor.

Ahora urge una investigación a fondo y transparente de un siniestro que ha desnudado la gestión presuntamente negligente de un bien del Patrimonio Mundial que merece una gobernanza profesional y pública.