La Fiscalía solicita información sobre las zonas de bajas emisiones para atajar los incumplimientos

La Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado está solicitando a las administraciones competentes documentación para ver el grado de cumplimiento de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en España, como ha adelantado El Periódico y ha confirmado EL PAÍS. Cuando reciba y analice esta información, el Ministerio Fiscal estudiará las medidas a adoptar contra las incumplidoras. Por su parte, Transición Ecológica e Interior ultiman un decreto que obligará a los ayuntamientos a multar a los coches contaminantes y pretende acabar con las ZBE fake, mientras Transportes exige ya contar con una de estas áreas de tráfico restringido para recibir ayudas estatales al transporte público.

Las zonas de bajas emisiones son áreas —normalmente en el centro de las urbes— en las que se impide el paso a los coches más contaminantes, los más antiguos, basándose en las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT); en general, se veta a los que tienen una A (o sin etiqueta) y en algunos casos también a aquellos con una B o C, mientras que los híbridos (eco) y eléctricos (cero) pueden acceder a cualquier parte. Suele haber excepciones para vecinos y servicios públicos.

La Ley de Cambio Climático de 2021 obligaba a los 153 municipios de más de 50.000 habitantes a poner en marcha una de estas zonas en 2023, algo que la mayoría sigue sin cumplir (faltan más de la mitad). El problema es que la norma incluía esta obligación, pero no un mecanismo para multar a los incumplidores.

Por eso, la Fiscalía está pidiendo información sobre el grado de cumplimiento a las comunidades autónomas, que son las autoridades competentes en materia de medio ambiente, con el objetivo de buscar incumplimientos a la norma.

Se trata de un paso previo a las diligencias de investigación, por lo que de momento se ha pedido colaboración a todas las administraciones autonómicas. El objetivo de la Fiscalía es comprobar en qué estado se encuentran cada una de estas áreas de tráfico restringido, y si cumplen con los requisitos exigidos por la norma. Una vez analizada toda esta información, estudiarán las medidas que se puedan adaptar contra aquellas urbes incumplidoras.

El Ministerio Fiscal recuerda además a los ayuntamientos los requisitos obligatorios que las ZBE debe tener, como que sea una zona suficientemente extensa para lograr una reducción de las emisiones, delimitada, y que limite el acceso a los vehículos más contaminantes.

Falsas ZBE

Por su parte, los Ministerios de Interior y Transición Ecológica ultiman un decreto que pretende luchar contra las ZBE falsas, es decir, normativas que incluyen solo medidas cosméticas que no reducen el tráfico ni la contaminación. Por eso, ambos departamentos van a publicar una norma que modifica las características que deben tener estas áreas de tráfico restringido: cuando entre en vigor, será obligatorio que los ayuntamientos restrinjan el paso a los vehículos más contaminantes y multen a los infractores. La norma también permitirá a los Ayuntamientos legislar para impedir el paso a ciertas zonas a vehículos con un único ocupante, como ocurre en las carreteras con los carriles de alta ocupación.

Mientras, el Ministerio de Transportes exige ya contar con una de estas áreas de tráfico restringido para recibir ayudas estatales al transporte público. Además, la Abogacía del Estado ha respaldado al departamento de Óscar Puente para sancionar a las localidades que pidieron fondos para instalar una ZBE y no la han puesto en marcha. La última fecha de ejecución de estas ayudas es el 31 de diciembre de 2025.

Según la Abogacía, los municipios que han recibido una subvención —procedente de los fondos europeos Next Generation— pueden ser sancionados y, además, se les puede pedir el reintegro de la subvención. Así, considera que los municipios de más de 50.000 habitantes que hayan incumplido la obligación de tener implantada una zona de bajas emisiones, podrían ser sancionados por la comisión de una infracción grave o muy grave, lo que puede conllevar una cuantía de dos y hasta tres veces la ayuda percibida.