El Tribunal de Justicia de la UE respalda la tramitación de la Xunta de 70 parques eólicos ahora paralizados

El viento sopla a favor de la Xunta de Galicia: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado este viernes su forma de tramitar los proyectos eólicos, contestada por asociaciones ecologistas y vecinales que querían tener una última palabra antes de la validación de estos planes que transforman su paisaje. Según los jueces de Luxemburgo, los Estados miembros no están obligados a permitir observaciones públicas una vez presentados los informes sectoriales. El TJUE responde así a las cuestiones prejudiciales que le había enviado la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), que quería que el tribunal europeo determinara si la Xunta debió poner a disposición no solo de los promotores de los proyectos, sino de otros interesados, los informes sobre parques eólicos para que todas las partes pudieran presentar alegaciones y participar en el proceso de toma de decisión sobre las autorizaciones.

La respuesta, llegada este viernes, es que la Xunta puede hacerlo, pero que no está obligada a ello. La directiva europea que regula estas tramitaciones “establece que la participación del público debe ser efectiva y producirse en una fase temprana del procedimiento, antes de que se adopte la decisión sobre el proyecto, cuando todavía todas las opciones están abiertas”, señala el TJUE en su decisión. Sin embargo, agrega, esto “no exige que la consulta al público tenga lugar después de la de las autoridades, ni que este pueda necesariamente formular observaciones sobre los informes emitidos por estas”.

El conflicto que ha sacudido el desarrollo de la energía eólica en Galicia desde 2022 tiene su origen en la avalancha de solicitudes de permisos que las empresas del sector han presentado en los últimos años. En un territorio con una fuerte dispersión de la población y un gran patrimonio natural, el elevado número de proyectos de parques eólicos provocó un potente movimiento de oposición por parte de organizaciones ecologistas y vecinos afectados, que emprendieron una batalla judicial para frenarlos.

Los procedimientos judiciales que se abrieron por las denuncias llegaron con una desagradable sorpresa para las empresas. La Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, encargada de tramitarlos, decidió paralizar cautelarmente un total de 70 complejos de aerogeneradores, alegando, entre otras cosas, que la tramitación realizada por la Xunta vulneraba la legislación europea.

El Gobierno de Alfonso Rueda (PP) se unió a las quejas de los empresarios del sector por estas medidas judiciales, que fueron recurridas ante el Supremo. El alto tribunal español emitió dictámenes discrepando de los argumentos esgrimidos por el alto tribunal gallego para paralizar los parques eólicos, así que este último decidió plantear una cuestión ante la justicia europea. El tribunal de la UE acaba de resolver que la tramitación en cuestión es correcta.

El fallo del tribunal europeo ha sido celebrado por la patronal eólica. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que es “un paso clave para recuperar la seguridad jurídica” en el desarrollo de los parques en la comunidad gallega y reclama que “de forma responsable y diligente se adopten las medidas necesarias por parte de las instituciones para que los proyectos paralizados recuperen su ritmo de avance”.

La AEE, que agrupa a más de 350 compañías, asegura que la paralización cautelar de 70 parques eólicos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha provocado un “enorme coste social y económico”. Galicia, esgrimen los empresarios, solo ha instalado 171 megavatios entre 2020 y 2024 frente a los 6.000 megavatios del conjunto de España en este mismo periodo. A su juicio, “nunca antes un sector industrial estratégico había sido bloqueado con esta magnitud y duración en España”. “Ahora toca actuar con rapidez y responsabilidad para que los proyectos hasta ahora paralizados retomen lo antes posible su actividad”, afirma Juan Virgilio Márquez, director general de AEE, en alusión al alto tribunal gallego.

Tras la resolución del tribunal europeo en favor de la tramitación seguida por la Xunta, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), principal fuerza de oposición en el Parlamento gallego, ha acusado al Gobierno del PP de desarrollar un modelo eólico “depredador del territorio” que “no garantiza ni la preservación del medio ambiente ni los derechos de la ciudadanía”. Los nacionalistas recuerdan que la implantación de parques eólicos se está llevando adelante con Galicia a la cola en España en porcentaje de territorio protegido por la Red Natura, un problema que la propia Comisión Europea ha pedido que se corrija.

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), una de las organizaciones que ha recurrido los parques eólicos afectados por la paralización, ha expresado su “decepción” con la resolución del tribunal de la UE porque considera que realiza una “interpretación de la norma que claramente va en contra del derecho a una participación pública real y efectiva”. Con todo, considera que no desbloqueará la mayoría de instalaciones paradas. La entidad esgrime que esas paralizaciones cautelares se sustentan también en las carencias de las evaluaciones ambientales practicadas, un “asunto sobre el que no fue consultado el TJUE ni se pronunció, y que centrará finalmente la razón de las futuras sentencias”.