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10.000 kilos de alga asiática invasora retirados de las playas de La Línea en 48 horas

La Junta de Andalucía aprueba un plan de gestión nueve años después del hallazgo de la planta, de difícil erradicación

Alga asiática invasora Cádiz
Jesús A. Cañas

Desde el primer artículo científico que alertó por primera vez de la presencia de una incipiente y peligrosa invasión de un alga asiática en el Estrecho de Gibraltar a que alcanzara la playa más icónica de Cádiz, La Caleta, han pasado nueve años. En ese tiempo, el manto oscuro de la Rugulopteryx okamurae ha avanzado de forma imparable y constante, hacia el levante y el poniente del Estrecho hasta convertirse en un acuciante problema para los ayuntamientos costeros de Cádiz y Málaga que consumen recursos materiales y económicos en retirar toneladas de arribazones. El último en denunciarlo ha sido el Consistorio de La Línea, que ha tenido que retirar 10 toneladas algas en apenas 48 horas. Sin apenas otra solución a la vista, la Junta de Andalucía acaba de aprobar un plan de gestión que promete facilitar el uso de esos desechos como materia prima. Pero atajar la invasión en el medio marino parece mucho más difícil.

Desde 2015 que se detectó por primera vez la presencia de la Rugulopteryx, hasta esas estampas de las playas de Tarifa, Algeciras y de Cádiz cubiertas de arribazones, Juan José Vergara, catedrático de Ecología de la Universidad de Cádiz cree que ya ha pasado demasiado tiempo como para que la invasión pueda ser atajada en esa fase inicial. “El problema no es lo que aparece en la playa, es lo que está bajo el agua”, apunta el profesor de la UCA.

Bajo la lámina del mar, el avance del alga invasora, originaria del Pacífico y que probablemente llegó al Estrecho en las aguas de lastre de un buque mercante, es implacable. Un solo individuo es capaz de formar hasta 600 nuevos hasta alfombrar los fondos y dejar sin recursos a otras especies locales. El avance en esta década es tal que ya se ha detectado presencia en todas las comunidades autónomas con litoral, excepto en Baleares, como ya avanzó en junio María Altamirano, catedrática en Botánica de la Universidad de Málaga, en EL PAÍS. La Caleta de Cádiz no ha sido una excepción en ese avance, hasta el extremo de que Vergara ha detectado la desaparición de algas comunes en los abrigos comunes de esta zona.

Las arribazones de este alga cuando la combinación de vientos y mareas las arroja en la orilla ya han ocupado decenas de titulares en la prensa local, alentados por las quejas de los bañistas y por el valor simbólico de ver alfombrada La Caleta, la playa más icónica de la capital. Eso ha motivado que el Grupo Municipal del PP de Cádiz tenga previsto llevar al próximo pleno de la ciudad (gobernada por el mismo partido) la asunción de medidas urgentes tanto por parte de la Junta de Andalucía como del Ministerio de Transición Ecológica. El SOS viene motivado por que la recogida casi diaria en los ocho kilómetros de playas que tiene la capital “ya supera las 60 toneladas”, con el inconveniente de que solo se pueden recoger 13 toneladas por tractor. “Es muy difícil de gestionar y soportar”, reconocen desde el PP de Cádiz.

Cádiz es una de las últimas en sumarse a un padecimiento en el que ya llevan años ayuntamientos como el de La Línea, Tarifa, Marbella, Nerja, Fuengirola o Mijas, en un clamor que abarca la Costa del Sol occidental, el Campo de Gibraltar y La Janda, en Cádiz. En este último punto, las almadrabas ven desesperadas como el alga asiática abotarga y enreda sus redes de pesca. En La Línea, solo entre el pasado domingo y el lunes recogieron 10 toneladas de sus playas. En Tarifa, llevan meses denunciando el problema que supone tener que recoger esas toneladas de arribazones y dejarlas pudrirse al sol en un inesperado vertedero de algas al que no se le puede dar aprovechamiento al ser desechos de una especie invasora.

Este pasado miércoles, la Junta de Andalucía anunció que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente por fin había dado luz verde a su Plan de Gestión frente al alga. Lo han definido como un “documento estratégico” frente al cambio ecológico “sin precedentes” que ha provocado. Para ello, plantea un monitoreo cartografiado de la presencia de la invasora y avanza la necesidad de protección de especies autóctonas, hábitats amenazados y espacios protegidos. Sin embargo, Vergara es escéptico con el plan, que critica por su tardanza: “Desde 2016 hasta 2025… Las administraciones van a tapar agujeros”. Igualmente muestra sus remisas a que dado el estado de invasión actual se pueda revertir el avance en zonas ya afectadas. “En zonas marinas se conocen pocas experiencias de eliminaciones exitosas”, abunda.

Aspecto de la playa de Poniente de La Línea de la Concepción tras la limpieza de alga invasora.

Vergara apuesta por “mitigar la invasión” lo que se pueda y dedicar también fondos públicos a aprender de este caso para evitar futuras situaciones. “Las respuestas tienen que ser muy rápidas, casi inmediatas al menor síntoma de invasión”. Con todo, el catedrático alberga la esperanza de que, de forma natural, el propio alga invasora pase por un proceso tipo boom-bust (proceso de expansión potente seguido de una fuerte contracción). Fue lo que ocurrió con el alga parda Sargassum muticum, en el norte de España, que “completó una fase de expansión de 12 años y ocho de contracción, y actualmente ha perdido el carácter invasor”.

El Plan de Gestión de la Junta también debería solucionar un problema más práctico al que se enfrentan los ayuntamientos: poder dar salida a unos desechos de algas que ahora mismo no tienen uso. De hecho, a lo largo de estos años diversas nuevas empresas han anunciado su intención de fabricar desde envases biodegradables hasta suelas de zapatos con esas arribazones. Sin embargo, el Ministerio rechazó esos usos al ser una especie invasora de fácil propagación y al carecer la comunidad de un plan de gestión.

El documento recoge ahora la posibilidad de aprovechamiento de los restos como materia prima para nuevos usos, como el compostaje o la producción de fertilizantes, siempre y cuando se cumplan unos criterios de transporte. Y para ello, la Junta se agarra al Reglamento europeo 1143/2014 que permite excepciones a las restricciones sobre las especies invasoras, siempre que se trate de proyectos de investigación científica o por razones de interés público. “Pero la idea es que lo que se haga no sea para ganar dinero”, advierte Vergara.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.
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