Realismo sin renuncia

Una de las gracias que podría tener a mediano plazo el reciente Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, aparte de su innegable valor como marco de referencia para los agentes económicos, es que este particular conjunto de pronósticos podría utilizarse a futuro como la línea de base a partir de la cual evaluar si la evolución de la economía registra un desempeño distinto al estimado producto de las políticas que pueda impulsar la administración de José Antonio Kast.

¿Qué señalan estas más recientes estimaciones del Banco Central? Indican que, descontados los escenarios más al borde, en un horizonte central de dos años la economía chilena seguirá marcando el paso que le permiten seguir las condiciones estructurales de arrastre, mismas condiciones que han lastrado al país en la última década a partir de lo que muchos economistas califican como el conjunto de reformas perjudiciales de idéntica data implementadas en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y que han tenido al país desempeñándose por debajo del promedio del mundo por muchos años.

Puesto en números fríos y dados los elementos de juicio disponibles para el análisis que contiene el IPoM, el instituto emisor anticipa que en 2026 el país podría crecer entre 2% y 3% y que en 2027 la economía volvería a moverse dentro de un rango de crecimiento que se ubicaría entre 1,5% y 2,5%, es decir en valores que están “acordes con su tendencia”, y que pocos discuten son insuficientes para cubrir las necesidades presentes y futuras del país e incapaces de generar los recursos necesarios para una reconstrucción oportuna de defensas macro frente a posibles escenarios de riesgo.

Ese porcentaje de crecimiento medio, el 2%, es el que durante la campaña presidencial se identificó como el punto de fuga a partir del cual se debe comenzar a reconstruir la capacidad de crecimiento del país, para ojalá llevarla a valores entre 3% y 4%, algo que el sentido de realidad que está ganando terreno indica que será difícil de alcanzar a corto plazo.

Este diagnóstico es compartido por muchos técnicos, incluso asumiendo que las relativamente buenas condiciones ambientales vigentes se mantienen, como el “resiliente panorama internacional” o el elevado precio del cobre del último tiempo, que se ha visto favorecido por un descalce entre oferta y demanda y una presión al alza procedente de factores geopolíticos y tecnológicos, pero adolecen de problemas como para producir un impacto macroeconómico relevante en el país.

La magnitud del desafío que enfrentan las futuras autoridades económicas es de magnitud, además, porque una rebaja de impuestos corporativos, que para algunos puede ser una bala de plata, no cuenta con suficiente evidencia que avale impactos significativos de corto plazo, máxime si se considera que a corto plazo su implementación tiene impacto fiscal y que, independiente de su concreción, la economía sigue afectada por problemas estructurales importantes en materia de productividad, en el mercado laboral y expuesta a trámites y permisos que siguen pendientes de ser simplificados.

Si a ello se suma que la composición del Congreso hará arduo el ejercicio de conseguir acuerdos en torno a una agenda procrecimiento que para algunos tiene un sesgo ideológico y que la activación de grandes proyectos de inversión no dejará de tener plazos de concreción que por su naturaleza son extendidos (aun descontando las mejores condiciones que produjo la Ley de Permisos Sectoriales), todo apunta a que las curvas macro tendrán una gradiente que se podrá empinar gradual y levemente si las cosas se hacen bien.

La capacidad negociadora de las futuras autoridades se pondrá a prueba desde el primer día y demandará muy probablemente una mayor sincronía entre las carteras de Hacienda y lo que podría ser un ministerio integrado de Economía, Minería y Energía. De hecho, esta posible súper cartera, y la de Trabajo, podrían tener que desempeñar un rol mucho más relevante del que se les suele atribuir junto a Hacienda, ya que los flancos abiertos que empantanan la actividad son variados y multifactoriales.

El programa de Gobierno de las futuras autoridades de por sí mapea una ruta dura en un amplio sentido de la palabra, donde giros hacia la flexibilidad laboral, mayores certezas jurídicas a los inversionistas, la reducción y eficiencia del gasto fiscal, entre otros, encontrarán muchas resistencias. Resistencias que ya se han comenzado a esbozar, tanto desde el discurso, como en las señales establecidas por las propias autoridades salientes, como lo ilustra el trasnochado envío al Congreso del proyecto que busca establecer la negociación colectiva ramal o los amarres para trabajadores a contrata, que endosan bajo esta forma a las nuevas autoridades el costo del reajuste salarial ofrecido al sector público.