Kevin Casas-Zamora: “Si El Salvador de Bukele es un éxito en reducir la violencia, hay que tener claro que el precio es la dictadura”

Kevin Casas-Zamora (San José de Costa Rica, 57 años), secretario general de IDEA —un organismo intergubernamental que apoya la democracia en el mundo— atiende esta entrevista en un hotel del centro de Santiago, donde se conmemoraron la semana pasada las tres décadas del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Exceptuando a Uruguay, el abogado y exvicepresidente de Costa Rica califica de “desastre” el escenario de fragmentación de partidos políticos que existe en América Latina, una situación que “no tiene vuelta atrás” y abre la discusión a repensar el sistema presidencialista.

Pregunta. ¿Cómo ve la salud de la democracia en América Latina?

Respuesta. Si lo comparamos con la situación en la que estaban los sistemas políticos hace 40 años, ha habido enormes avances, en particular en el ámbito electoral. Hay deudas enormes, sin embargo, en otros aspectos, como el fortalecimiento del Estado de derecho y el acceso a derechos económicos y sociales. Ahora, si el horizonte temporal lo acortamos, claramente hay un deterioro en los últimos años, que pasa por varios factores. En Costa Rica, como en Chile, hay una gran ansiedad con el tema de la seguridad y el crimen organizado, que no era parte del paisaje político hasta hace poco. Lo mismo en Uruguay. No es simplemente la seguridad ciudadana, es todo el conjunto de fenómenos alrededor. Claramente está la violencia, pero también la captura de instituciones del Estado. Esto tiene a la gente muy ansiosa y con razón. Posiblemente sea el problema más serio que enfrentan las democracias en la región.

P. ¿Cómo se soluciona?

R. Es muy complicado porque el crimen organizado no es un tumor que uno puede operar y sacar. Es una infección generalizada que se nos está metiendo en todo el tejido social. Requiere un esfuerzo de toda la sociedad, de todos los actores políticos e institucionales, es muy complejo. El otro problema que vemos prácticamente en todos los países es una demolición del sistema de partidos que hace muy difícil construir mayorías viables para hacer reformas. A excepción de Uruguay, que sigue teniendo partidos políticos robustos, pocos, pero representativos, lo que hay en el resto de América Latina es un desastre. Hay un proceso imparable que no tiene vuelta atrás.

P. ¿Quiere decir que no se puede salir de la situación de fragmentación política?

R. Entramos en una discusión que es muy interesante en América Latina y en Chile. Si tienes cada vez mayor fragmentación y sabes que eso solo marcha en una dirección, tienes que buscar el diseño institucional que te permita administrarla de la mejor manera. Por razones que no acabo de entender, estamos convencidos de que tenemos que vivir con la piedra de molino del presidencialismo amarrada al cuello hasta la consumación de los siglos. Una de las cosas que más me sorprendió de la discusión constitucional en Chile fue que no se diera una discusión seria sobre pasar a un sistema parlamentario o a un sistema semipresidencial.

P. ¿Cuál es el riesgo de la fragmentación de los partidos?

R. En América Latina tenemos evidencia más que suficiente de que la coexistencia de un sistema de partidos fragmentado con el régimen presidencial es muy problemática porque quien está en el Poder Ejecutivo, prácticamente en ningún país, tiene mayoría legislativa. Hay una fuente de fricciones permanente que, en muchos casos, termina siendo laudada por la intervención del Poder Judicial. O sea, los temas que no pueden resolverse políticamente terminan en sede judicial, lo cual lo termina politizando. Entonces todos pierden: el Ejecutivo no ejecuta, el Legislativo no tiene mayorías para legislar y el Judicial termina sustituyéndolos a los dos con un costo para su propia legitimidad. Y obviamente esa fragmentación hace más difícil responder a las demandas ciudadanas, lo cual genera una demanda por soluciones de otro tipo.

P. ¿Cómo cuáles?

R. Soluciones mucho más autoritarias, mucho menos apegadas al Estado de derecho y a los frenos y contrapesos que definen un sistema democrático. Hay una gran demanda por eso. Claramente una parte muy grande de la gente está dispuesta a sacrificar principios cardinales del Estado de derecho con tal de que venga alguien que les resuelva los problemas más inmediatos y en particular el problema de la seguridad.

P. ¿Qué mensaje entrega el que El Salvador sea el ejemplo para combatir la delincuencia?

R. Es un mensaje bien perturbador. El caso del Salvador plantea preguntas muy incómodas sobre la democracia, porque claramente hay un grupo grande de gente en América Latina que está dispuesta a sacrificar principios básicos de la convivencia democrática y del Estado de derecho y de los derechos humanos si eso permite la ejecución de políticas que resuelvan el problema de seguridad. Lo que hay que entender es que el éxito de lo que se ha hecho en El Salvador está aún por verse. Sí creo que hay una caída muy drástica de la violencia delincuencial, no sé cuánto, porque no confío en las cifras del Gobierno, y estoy convencido de que el apoyo que tiene el presidente Bukele es real. Si eso es éxito en términos de reducir la violencia, tenemos que tener claro que el precio de eso es la dictadura.

P. ¿El Salvador es una dictadura?

R. A estas alturas diría que lo es. Es un sistema donde no hay ningún control sobre el ejercicio del poder por parte del presidente Bukele, donde todas las instituciones han sido cooptadas, donde no hay libertad de prensa. Los periodistas de El Faro, un medio digital muy respetado, se fueron a Costa Rica porque no hay ninguna posibilidad de que prensa libre, independiente, cuestionadora, pueda seguir trabajando.

P. ¿Qué otras dictaduras existen hoy en la región?

R. Venezuela y Nicaragua. Ortega es un dictador del siglo XIX y Bukele del siglo XXI. Tenemos el caso de Haití, que ni siquiera es dictadura, sino un caso de colapso del Estado. Cuba también es una dictadura y no entiendo por qué para un sector político importante en América Latina sigue siendo tan difícil admitirlo. La situación es calamitosa y la gente está votando con los pies. Se están yendo cientos de miles todos los años. Y voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir, no es más que una preocupación, pero creo que al caso de México hay que prestarle atención. No tengo ninguna duda de que es una democracia y los cambios que ha hecho han sido por vías fundamentalmente democráticas, pero en algunos sentidos está de vuelta al pasado.

P. ¿En cuáles?

R. En este momento tiene un partido que tiene control casi absoluto de todas las instituciones políticas. Es una advertencia simplemente. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No tengo duda de que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un apoyo real de la población, pero hay peligros cuando un solo actor político controla todas las instituciones, ahora también el Poder Judicial. Uno sabe cómo empieza aquello y diría que también cómo termina. Es muy importante para la salud de la democracia en México que la oposición pueda seguir operando en forma efectiva porque no quisiéramos que vaya de vuelta a un pasado que supo dejar atrás, el del partido único. Por ahora es una democracia incuestionablemente, si lo va a seguir siendo en 10 años más con las condiciones y tendencias actuales, no se lo puedo asegurar.

P. En Chile, alcaldes de distintos colores políticos han solicitado al Gobierno de Gabriel Boric desplegar a las Fuerzas Armadas para ayudar a combatir la delincuencia. ¿Cómo ve que los militares cumplan esas tareas de apoyo?

R. Es un tema complejo particularmente en lo que toca al crimen organizado. Su penetración tiene la dimensión de seguridad y genera una demanda entendible para que las instituciones militares entren a jugar un papel cada vez más visible en la protección del orden público. Pero eso tiene un montón de peligros, particularmente a la luz de la historia política de América Latina. Los sistemas democráticos lograron en estos 40 años mandar a los militares a los cuarteles. Estamos retrocediendo en una de las pocas cosas en las que la construcción democrática había avanzado de manera real y visible. No quisiera que eso se perdiera y el fenómeno está ahí afuera. Estamos viendo una demanda cada vez mayor en El Salvador, en Ecuador, donde la ansiedad con la situación de seguridad hace que sea muy fácil políticamente recurrir a los militares para cumplir tareas de orden público. Aquí hay que volver la vista atrás un poquito.

P. ¿Qué hay que mirar?

R. Históricamente, Uruguay, al igual que Chile, tuvo durante décadas un modelo democrático en el que era impensable un Gobierno militar. Y ya sabemos lo que pasó. En 1973 hubo una ruptura y los militares tomaron el poder. En Uruguay los mandaron a llamar. Entonces, cuidado, cuando empezamos a llamar a los militares para cumplir tareas que deberían cumplir las instituciones civiles, ahí sí que no sabemos cómo puede acabar eso.