Aborto legal y bienestar de las mujeres: la experiencia de España a 40 años

En Chile, el debate sobre el aborto ha vuelto al centro de la discusión pública. Actualmente, la ley permite la interrupción voluntaria del embarazo solo en tres situaciones (riesgo vital para la madre, inviabilidad fetal y violación), pero el Gobierno ha presentado un proyecto para despenalizarlo por plazos. Como suele ocurrir, el debate está marcado por argumentos que van más allá de lo jurídico, incluyendo temores sobre el impacto que podría tener en la natalidad, la estabilidad familiar o la cohesión social.

Estos no son temas nuevos. Hace casi 40 años, España vivió un proceso similar. En 1985, se aprobó la primera ley que despenalizaba parcialmente el aborto, con causales muy parecidas a las que existen hoy en Chile. En un artículo recién publicado en The Economic Journal, mis coautores y yo analizamos, por primera vez, los efectos de aquella reforma tanto en el corto como en el largo plazo. Nuestro objetivo era responder a varias preguntas clave: ¿qué pasó con la fertilidad, el matrimonio y el bienestar de las mujeres después de la legalización? ¿Tenemos evidencia sobre si se materializaron los temores sobre una supuesta “desintegración social”?

Lo que nos mostró la evidencia

En los años inmediatamente posteriores a la ley, encontramos que los nacimientos cayeron, especialmente entre mujeres jóvenes y no casadas, y sobre todo en provincias con centros de salud que efectivamente ofrecían servicios de interrupción voluntaria del embarazo. La mayor parte de los abortos registrados alegaban riesgo para la salud de la madre. Junto con los nacimientos, también se redujeron los matrimonios tempranos. Estos cambios no deberían sorprender: el acceso al aborto legal amplía las opciones reproductivas y permite a las mujeres (y a las parejas) posponer la maternidad hasta estar más preparadas.

Pero la pregunta más importante es qué ocurre después (en el largo plazo), tanto en la vida de las mujeres afectadas como en la sociedad. Para responder a estas preguntas, analizamos datos tanto de registros administrativos como de encuestas representativas durante las décadas siguientes. Consideramos que una mujer tuvo acceso al aborto legal si tenía menos de 21 años en el momento de la legalización (en 1985), y si además vivía en una provincia en la que efectivamente se realizaron abortos legales en los años inmediatamente posteriores a la legalización.

Observamos que las mujeres que tuvieron acceso al aborto legal retrasaron el nacimiento de su primer hijo en promedio medio año, y presentaron tasas más bajas de abandono educativo. La reducción en la fecundidad total fue visible a los 18 y 21 años de edad, pero casi había desaparecido a los 34 y sobre todo a los 44 años. En otras palabras: no hubo un “colapso” permanente de la natalidad. Más bien, se trató de un cambio en el calendario reproductivo, sin alterar el número total de hijos nacidos por mujer.

También encontramos que las mujeres expuestas a la legalización reportaban, décadas después, tasas más bajas de divorcio y mayores niveles de satisfacción con su vida. Este es un resultado central: lejos de desintegrar familias o deteriorar el tejido social, el derecho a decidir parece haber contribuido a que más mujeres desarrollaran sus proyectos vitales de forma acorde a sus deseos y circunstancias fomentando, a la vez, la estabilidad de las familias.

Lecciones para Chile

Chile atraviesa hoy unas tasas de fecundidad históricamente bajas, similares a la que viven muchos países desarrollados (incluyendo España). Algunos sectores plantean que ampliar el derecho al aborto agravaría este fenómeno. Sin embargo, la experiencia española sugiere lo contrario: legalizar no significa que las mujeres no tendrán hijos, sino que podrán decidir cuándo tenerlos. Y decidir mejor no es una amenaza para la sociedad, sino una inversión en bienestar y autonomía.

El debate sobre el aborto suele presentar una falsa disyuntiva entre natalidad y derechos. La evidencia muestra que es posible proteger ambos: garantizar que las mujeres tengan hijos cuando lo elijan, y al mismo tiempo implementar políticas públicas que apoyen la conciliación, la crianza y la igualdad de género. En 1985, España dio un paso en esa dirección. Hoy, Chile tiene la oportunidad de hacerlo también.